La consulta soberanista de Cataluña: cuestiones jurídicas.


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La actualidad toma el mando otra vez y voy a aprovechar este atril para exponer mi opinión sobre el tan manido referéndum catalán. Como, al fin y al cabo, se trata de un blog jurídico y no de una tertulia de bar, voy a intentar ser lo más aséptico posible, explicando de la forma más clara y sencilla a qué nos enfrentamos. No sé si les quedará más claro o si, por el contrario, les generará más dudas, porque yo, al menos, tengo muchas en este tema, pero lo voy a intentar.

En primer lugar, y dando mi opinión personal, que seguro a muchos os parecerá discutible, pienso que el Gobierno central – y casi todos los grupos de la oposición – no han representado un buen papel en este drama. Habría sido más adecuado dar una rueda de prensa y explicar con claridad y sin ambages este tema. En vez de eso, su táctica ha consistido en enrocarse en la respuesta que repetían como un tantra de que no se puede celebrar el referéndum catalán “porque ahí está la Constitución y las leyes”, lo que es un argumento bastante simplista, ya que las leyes se pueden modificar y suprimir (como ocurre a diario). Incluso la propia Constitución prevé los mecanismos para su posible modificación. De hecho, ya ha sido modificada.

Considero que habría sido más conveniente dar una conferencia y explicar con sencillez qué es la soberanía nacional. Y esto es muy básico, de primero de licenciatura de Derecho. Y no es algo abstracto e imposible de comprender. Simplemente, y como dice nuestra Constitución, “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Es decir, si hay que decidir sobre algo relativo a la soberanía, deben decidir los españoles. Todos, no unos pocos que residen en una parte del territorio nacional. Esto es como si existe una finca propiedad de varios comuneros. Y unos de ellos deciden deslindarse por su propia cuenta y sin consultar a los demás. Es un ejemplo quizá un poco burdo, pero se pueden hacer una idea. O yéndonos a un entorno más urbano, ¿saben ustedes que para modificar el título constitutivo de una comunidad de propietarios se necesita la unanimidad? Se trata solo de ejemplos para hacerme entender, pero la idea básica que deben considerar es esta: la soberanía nacional reside en el pueblo español.

El tema del censo que, en su caso, votaría ese referéndum me genera un torrente de dudas. ¿Quiénes votarían? Los catalanes. Pero, ¿quiénes? Es decir, en unas elecciones generales, el tema está claro. O en unas locales o autonómicas. Pero, ¿y en este caso? Votan los catalanes, claro, pero ¿quiénes son estos? ¿Acudimos al concepto de vecindad civil del Código Civil? Los preceptos de la nacionalidad no son aplicables, por supuesto. Intentaré no ser confuso: la ley española establece unos criterios para considerar que una persona es nacional española (nacimiento, que viva en territorio español, etc). Y también establece unas reglas para entender quienes ostentan la vecindad civil (artículo 14 del Código Civil): nacimiento, adopción, residencia continuada durante más de dos años si se solicita, residencia continuada durante más de diez años si no se manifiesta lo contrario, etc.

Por lo tanto, ¿quiénes van a constituir el censo electoral en ese eventual referéndum? Los nacidos catalanes. Pero, ¿los que residan en el extranjero sí y los que residan en el resto del territorio nacional no? ¿Qué ocurre con los no catalanes que llevan años viviendo en Cataluña? ¿Votan los que pidieron la vecindad civil? ¿Votan todos? ¿Sólo sus hijos?

Además, ¿se puede entender que el censo está válidamente constituido si no interviene en la formación del mismo la Oficina del Censo Electoral? ¿Qué ocurre en ese caso con las personas que no acuden a votar porque entienden que la convocatoria no es legal? ¿Se entiende que se abstienen?

Y mi última duda es la siguiente: Si no se celebra un referéndum con los requisitos legales (es decir, competencia exclusiva del Estado y autorización acordada por el Gobierno), ¿qué validez tendría el mismo? Se trataría de una mera encuesta. Debemos recordar que la diferencia entre una votación y una encuesta es que la primera es vinculante y oficial.

Al final, me temo que he planteado más dudas de las que he podido resolver. No obstante, creo que cada uno podrá llegar a sus conclusiones.

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Un pensamiento en “La consulta soberanista de Cataluña: cuestiones jurídicas.

  1. Las preguntas que haces resultan de gran interés, dado que en principio, y sin entrar en mayor detalle son los primeros problemas que el desarrollo de la Ley catalana se va ha encontrar, y que lógicamente deberá resolver antes de poder siquiera fijar qué quiere preguntar a los sujetos activos y con derecho a voto, que la propia Ley establece en su articulado.

    Dos cosas que igual esclarecen tus dudas: la primera, el hecho de que hay que diferenciar lo que es un Referendum (Art. 92 CE), de lo que la Ley Catalana aprueba: el derecho a convocar “consultas” a quienes, dentro de las circunscripciones que también establece, otorga la condición de sujetos con derecho a opinar, contestando a la pregunta que se promueva, a través del voto, en la forma, que también concreta (similar a la establecida para los Referendum, con una respuesta afirmativa, y otra negativa). Por tanto, una cosa es un Referendum, el cual está claro que está desarrollado por la L.O. 12/1980 que lo desarrolla; y otra cosa es hacer una consulta, o pregunta que se le parezca de alguna forma. Pero son dos cosas distintas conceptualmente, y con consecuencias jurídicas claramente diferenciadas.

    En cuanto al Censo Electoral, desde luego tal y como recoge la LOREG, tiene por objeto ser el censo “único” para todos las elecciones que se convoquen; siendo así, es evidente que no podrá ser utilizado para el desarrollo de consultas de carácter autonómico, y por tanto, “simplemente” será necesario para poder desarrollar la Ley de Consultas Catalanas, el desarrollar dicha norma legal a través de la formación efectiva de un Censo “ad hoc”, en el que deberán constar los sujetos activos con derecho a voto a que la Ley de Consultas ya hace mención expresa (quizás sin caer en la cuenta de que dicho artículo no concreta de forma suficiente quienes son esos sujetos con derecho a voto). Luego, necesariamente requiere dicha Ley de desarrollo normativo reglamentario, dado que sino no es operativa en absoluto. Sin perjuicio de la posibilidad de modificación de la LOREG por el Parlamento para permitir el uso para esas consultas del Censo Electoral, estando hoy vedado su uso con esos fines.

    En cuanto a quienes formarán parte de dicho censo: otro asunto de vital interés, que deberá ser decidido, precisamente antes de aprobar el reglamento que lo cree y desarrolle su uso. Parece lógico que el sistema sea coherente con el utitlizado por el Censo Electoral, si bien adaptado a la territorialidad del ámbito de aplicación de la Ley Catalana.

    Me he extendido un poco, pero creo responder más o menos a lo básico, sin duda, los problemas van surgiendo a medida que se van aplicando las leyes que los órganos legislativos tan fácilmente dictan…

    Un saludo.

    Ion Palacios

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