Medidas civiles en los procesos de violencia de género.

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Una de las razones por las que muchas víctimas de violencia de género deciden retirar la denuncia o no declarar en estos procedimientos es por la creencia de que van a quedar desamparadas o desprotegidas económicamente, sobre todo cuando esta sensación de desamparo se fundamenta en la existencia de hijos comunes con el denunciado.

Por eso, una de las labores más importantes que tiene el abogado que asiste a la víctima es informarle de sus derechos y de las alternativas que se le plantean, sobre todo si tiene hijos, esté o no casada con el denunciado.

De esta forma, es fundamental manifestarle que, aparte de la orden de alejamiento que se puede imponer desde ese mismo momento, se deben solicitar una serie de medidas civiles encaminadas a regular la relación del denunciado con sus hijos y de aquél con la víctima. Estas medidas civiles son:

  • Determinar a que progenitor se le atribuirá el uso y disfrute de la vivienda familiar.
  • Establecer un régimen de comunicaciones y visitas de los hijos con el progenitor no custodio. Esta medida en particular puede que no se acuerde si se considera que los menores podrían estar en peligro.
  • Decretar una pensión de alimentos a favor de los hijos.

Estas medidas tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si en ese período se inicia un proceso de familia, estas medidas civiles se prorrogarán otros 30 días desde la presentación de la demanda. En este plazo, el juzgado de familia deberá ratificar, modificar o suspender las medidas acordadas.

Es decir, vemos que nunca se van a quedar desprotegidos ni la víctima ni sus hijos. Independientemente de las posibles ayudas económicas que se le puedan conceder, desde ese primer momento se establecerá un régimen de visitas y una pensión de alimentos e incluso más adelante y si procede una pensión compensatoria.

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El consentimiento de la víctima en una orden de alejamiento.

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Me preguntan mucho sobre la forma de cancelar las órdenes de alejamiento en los casos de violencia de género. Y muchas de estas preguntas me las formulan las que fueron las propias víctimas del delito.

Las órdenes de prohibición de acercamiento o comunicación se pueden imponer de forma cautelar en tanto se instruye el procedimiento penal y con validez hasta la sentencia, en la que se prorrogarán o cancelarán, o directamente en la sentencia. En ambos casos, mientras haya ocasión procesal para ello, se pueden recurrir, pero UNA VEZ QUE SON FIRMES SE MANTENDRÁN HASTA QUE SE EXTINGA SU VIGENCIA.

Es decir, que una vez que la orden de alejamiento es firme, no se puede hacer nada para cancelarla. Ni con el permiso de la víctima. Y si se incumple esa orden de protección, se estaría cometiendo un delito de quebrantamiento de condena (o de medida cautelar, si la orden se puso con ese carácter provisional)

Hay que tener en cuenta que el bien jurídico que se intenta proteger con este delito de quebrantamiento de condena es el buen funcionamiento de la administración de justicia, razón por la que EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO ES IRRELEVANTE en este tema. Sólo atendiendo a algún caso particular muy concreto, podría usarse el consentimiento de la víctima como una atenuante analógica muy cualificada y según el caso que sea.

En resumen y para terminar, la única forma de revocar una orden de alejamiento que ya es firme sería realizando una petición de indulto.

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Más vale prevenir que curar.

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A un abogado le frustra casi tanto como al propio cliente no poder hacer su trabajo porque ya haya transcurrido el plazo para intervenir. En España existe una mentalidad que por suerte no sufren nuestros países vecinos de tener la idea de que el abogado nos va a cobrar mucho (en el mejor de los casos) o que directamente nos va engañar con su farragosa labia y su terminología confusa (en el peor).

En estos más de diez años que llevo de ejercicio ya me he encontrado con varios asuntos que tenían muchas posibilidades de prosperar pero en los que no he podido hacer nada porque ya nos encontrábamos fuera de plazo. Tanto en los procedimientos administrativos (multas de tráfico, reclamaciones a los Ayuntamientos, requerimientos…) como en los judiciales (los que se tramitan en un juzgado) existen unos plazos que son preclusivos, esto es, si transcurren, NO HAY NADA QUE HACER. Y esto, como ya digo, frustra mucho también al letrado que conoce (tarde) el asunto.

Por eso, más vale que si quieren reclamar algo o les llega algún requerimiento, contacten cuanto antes con un abogado. Y no vale hablar con el sobrinito que está estudiando derecho ni con el hijo de la Manoli, que es “abogado” (pero trabaja en un banco y no ejerce). HAY QUE CONTACTAR CON UN ABOGADO COLEGIADO EJERCIENTE. No les va a cobrar mucho (de hecho, algunos como el que os escribe, no cobra la primera consulta si es meramente orientativa). MÁS VALE PAGAR A UN ABOGADO 5 PARA COBRAR LUEGO 50, QUE NO PAGARLE NADA Y QUEDARSE SIN ESOS 50, ¿NO CREEN USTEDES? A un médico se le paga la consulta. ¿O van a acudir a que les mire ese bultito que les ha salido en el pecho al hijo de la vecina que está estudiando medicina y si dice que todo va bien, ya no van a hacer nada más?

Y en cuanto a que el abogado os pueda engañar, bueno, desde luego, en un procedimiento judicial, VUESTRO ABOGADO VA A SER VUESTRO ÚNICO AMIGO. No lo va a ser el fiscal (cuando intervenga), ni el juez, ni, por supuesto, el abogado contrario.

En definitiva, cuando tengan que reclamar algo u os lo reclamen, contacten con un abogado y, cuanto antes, mejor.

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Gastos incluídos en la pensión de alimentos

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Cuando se lleva un divorcio, es muy habitual que mis clientes me pregunten sobre la pensión de alimentos y qué se incluye en la misma.

En primer lugar, voy a explicar qué es dicha pensión. Es el dinero que tiene que pagar el progenitor no custodio al custodio – o sea, el progenitor que no tiene concedida la custodia del hijo al que la ostenta – para sufragar los gastos relativos para el sustento, residencia, vestuario, asistencia médica y quirúrgica y educación del hijo. Es decir, vemos que no se tarta únicamente de alimentos relativos en sentido estricto a “comida”, sino todos los gastos habituales y relacionados con la crianza de un menor.

En resumen, se trataría de los gastos “ordinarios”, entendiendo que son los gastos periódicos y previsibles, poniéndolos en contraposición con los “extraordinarios”, que serían son aquellos que no se pueden prever. Estos gastos extraordinarios se pagarán por mitad entre los dos progenitores.

De esta forma, es básico distinguir que gastos se pueden considerar como ordinarios e incluidos, en consecuencia dentro del importe de la pensión de alimentos y cuales son extraordinarios y se deben abonar al 50 % entre los padres.

Así, por ejemplo, dentro de los gastos extraordinarios se debe diferenciar entre aquellos que requieren el acuerdo de los dos progenitores – gastos extraordinarios “no necesarios” – y aquellos otros que no lo precisan – gastos extraordinarios “necesarios”. Por ejemplo, serían gastos necesarios el coste del cambio de gafas o de la visita al dentista, mientras que los no necesarios serían unas clases de taekwondo, en cuyo caso sí es necesario el conocimiento y consentimiento del progenitor no custodio.

Pero, ¿qué ocurre con los gastos causados al comienzo del año escolar (matrícula, libros, material escolar y ropa)? ¿Son gastos ordinarios – y, por tanto, incluidos en la pensión de alimentos – o extraordinarios? ¿Y los gastos derivados de las comuniones?

En cuanto a las comuniones, entiendo que se trata claramente de un gasto extraordinario

Hasta ahora había dudas al respecto e incluso sentencias contradictorias. A finales de 2014, el Tribunal Supremo ha intentado aclarar la cuestión:

«Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto.

La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes.

Establecido lo anterior, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos.»

En conclusión, los gastos devengados al comienzo del año escolar (como matrículas, material escolar y uniformes) son gastos ordinarios incluidos en la pensión de alimentos.

Día internacional contra la violencia de género

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Hace tiempo publiqué una entrada preguntándome sobre la utilidad de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y hoy, con motivo del Día contra la violencia de género, voy a retomar el tema.

En primer lugar, y retomando un poco la duda que planteaba en esa entrada anterior, podríamos pensar que de poco sirve si aún a día de hoy siguen produciéndose víctimas de este tipo de delitos. Y pensad que en los medios únicamente se hacen eco de los casos más graves que acaban con la muerte de la mujer, pero no se suelen considerar los cientos (¿miles?) de casos de una menor gravedad.

Por ejemplo, consultando la página del Ministerio de Sanidad, podemos apreciar como, a fecha de 24 de noviembre de 2014, ha habido 45 víctimas mortales por este tipo de delitos. Llama la atención que SÓLO 14 DE AQUELLAS VÍCTIMAS DENUNCIARON PREVIAMENTE, de las que dos retiraron la denuncia. Es decir, y a sensu contrario, podemos llegar a la conclusión que EL 70 % DE LAS VÍCTIMAS MORTALES POR VIOLENCIA DE GÉNERO JAMÁS LLEGÓ A DENUNCIAR A SU AGRESOR.

Esto es muy significativo, ya que este tipo de delitos no suelen cometerse, salvo rarísimas excepciones, de forma sorpresiva. Esto es, no suele ocurrir que una persona sea víctima esporádica y sorpresiva de una agresión de violencia de género, sino que es un proceso que va madurando y desarrollándose con el tiempo.

Como ya dije en mi anterior entrada, por mi experiencia, no se trata de que un señor pierda los papeles y repentinamente golpee a su mujer o novia. Es otra cosa. Poco a poco el maltratador va a ir minando la moral de la víctima con cosas ínfimas y aparentemente sin importancia, a lo que la mujer suele acceder. Por ejemplo, si a su novio no le gusta que se ponga esa minifalda, pues no se la pone y ya está. ¿Para qué discutir si tiene más ropa? Se pone esa otra falda que es un poco más baja y ya está. O si no le gusta que quede con tal o cual amiga (o amigo), pues tampoco lo hace. No merece la pena pelear, por esa tontería ¿verdad? Pues así, poco a poco, va erosionando la autoestima de la futura víctima, hasta que acaba golpeándola, insultándola o humillándola. Da igual los estudios, la posición social o la edad (aunque cada vez empiezan antes las situaciones de violencia machista y entre parejas cada vez más jóvenes). Luego viene la etapa de la “luna de miel”. Arrepentimiento, lágrimas y promesas de nunca más va a volver a ocurrir y que va a cambiar. Pero esta etapa es cada vez más corta y cada vez antes vuelve a suceder un episodio de violencia. Esto son puras matemáticas.

Aunque los datos puedan parecer terribles y hacernos pensar que la ley española no sirve de nada, hay que considerar que cuanto más avanzada es la legislación, más casos se registrarán de este tipo de violencia. Por ejemplo, en Europa, los países con más casos de violencia de género son los nórdicos, mientras que, por ejemplo, en los países árabes, no “existe” este tipo de violencia, pero no porque no la haya, sino porque no consta estadísticamente ni se denuncia.

Concluía que el factor fundamental para erradicar en la medida de lo posible esta situación es la EDUCACIÓN. Hay que concienciar y hacer entender que ciertos tipos de conductas (por ejemplo, que controlen el móvil de la pareja, hacerla sentir de menos, etc) no son parte de una relación sentimental sana y que pueden derivar, con el tiempo, en agresiones.

También, y coincido en la opinión con un comentario que me dejó un seguidor de la página, esta Ley integral puede violar el principio de igualdad de nuestra Constitución. Así, dos conductas exacta y objetivamente iguales van a tener un reproche penal distinto según el sexo del agresor y de la víctima. Si un señor de 85 años pega una bofetada a su mujer va a ser condenado con una pena mayor que si la campeona olímpica de halterofilia hace lo mismo con su novio de 45 kilos de peso.

No obstante, la jurisprudencia ha venido exigiendo para que concurran los tipos de violencia de género que se esté ante manifestaciones de situaciones de subordinación, dominación o discriminación de la mujer por quien es o ha sido su pareja. Efectivamente, nuestro Tribunal Supremo lo ha venido a exigir, indicando que SE TRATA DE SANCIONAR “AQUELLAS CONDUCTAS QUE EXTERIORIZAN UNA ACTITUD TENDENTE A CONVERTIR EL ÁMBITO FAMILIAR EN UN MICROCOSMOS REGIDO POR EL MIEDO Y LA DOMINACIÓN Y EL SOJUZGAMIENTO POR EL AGENTE SOBRE LA ESPOSA O PAREJA O LOS OTROS FAMILIARES (…), PUES NADA DEFINE MEJOR EL MALTRATO FAMILIAR QUE LA RELACIÓN DE DOMINIO EJERCITADO MEDIANTE ACTOS DE VIOLENCIA FÍSICA O PSÍQUICA PARA IMPONER LA SUPREMACÍA DEL SUJETO ACTIVO”.

En definitiva y ya termino, considero que la ley sí que es útil y cuenta con herramientas suficientes para evitar estas situaciones… siempre y cuando se denuncien y la víctima no decida quitar la denuncia o saltarse la orden de alejamiento que se ha impuesto en su propio interés.

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La custodia compartida: requisitos (2ª parte)

NSA-BS0012743 - © - Begsteiger

Retomando el tema de la entrada anterior, voy a intentar explicar de la forma más breve y sencilla posible los requisitos de la custodia compartida.

Como mantiene la jurisprudencia (en particular la de la Audiencia Provincial de Córdoba), debe tenerse presente que el legislador ha establecido una serie de pautas para decidir en qué casos procede o no la custodia compartida, y que son las siguientes:

A) Petición de custodia compartida por parte de los progenitores: La guarda y custodia no puede ser decidida por el juez de oficio si no ha sido solicitada por alguna de las partes (puede también suceder que la soliciten ambas).

B) Para la adopción de la custodia compartida, la norma será que la petición la realicen ambos progenitores, bien dentro de un procedimiento de mutuo acuerdo o en el curso de la tramitación de un procedimiento contencioso. Si falta el acuerdo entre los progenitores para la custodia compartida , el otorgamiento será de forma excepcional cuando la petición sea de uno solo de los progenitores. En estos casos, solo procederá su concesión cuando concurran a su vez dos requisitos: informe favorable del Ministerio Fiscal y que el otorgamiento de la custodia compartida sea la única manera de proteger adecuadamente el interés superior del menor.

C) Valoración de la relación que tengan los padres entre si: este requisito es básico e imprescindible, ya que si los padres no tienen relación entre sí, o no existe un diálogo fluido entre ellos, nunca podrá acordarse la custodia compartida , pues es consustancial una buena relación entre los progenitores. Hay que precisar al respecto que no se trata de que los progenitores tengan buena relación con los hijos, sino que lo determinante es la relación que los progenitores mantengan entre sí.

D) La medida no debe conllevar la separación de los hermanos: salvo circunstancias excepcionales que lo justifiquen, la regla es que todos los hermanos estén sometidos al mismo régimen de guarda y custodia y convivan juntos.

E) Inexistencia de violencia doméstica.

Junto a estos requisitos legales expresos, se sobreentiende que deben concurrir otros requisitos complementarios, que habrán de estudiarse en cada caso, y que pueden ser, entre otros, los siguientes:

a) que ambos progenitores dispongan de una vivienda que reúna los requisitos necesarios para que el hijo o hijos puedan convivir con cada uno de ellos de manera cómoda y razonable;

b) que los dos progenitores residan en una misma ciudad, ya que si residen en poblaciones distintas toda custodia compartida por periodos de semanas o meses será inviable si el hijo está escolarizado, salvo que la distancia entre el domicilio y el centro escolar sea mínima;

c) la edad, en el caso de recién nacidos o niños muy pequeños, puede ser un obstáculo importante para el otorgamiento de la custodia compartida por tiempo igualitario. Según la opinión de la mayoría de psicólogos, no es conveniente otorgar la custodia compartida a los menores de 7 años. En este sentido, la custodia compartida puede suponer un factor más desestabilizador que beneficioso en menores de 7 años, ya que, con frecuencia la figura principal de apego de los niños de esa edad es la madre.

d) Las obligaciones laborales de los padres condicionarán también la distribución de los períodos de convivencia, por ejemplo, si el trabajo de uno de los padres exige viajes frecuentes entre semana u horarios nocturnos. A sensu contrario, un factor positivo importante para contribuir al otorgamiento de la custodia compartida puede ser que, antes de la solicitud, ya se estuviera ejercitando de facto este sistema de convivencia.

De esta forma, podemos observar que si bien se pretende cada vez más normalizar este tipo de custodia, se requieren unos requisitos para que el juzgado la acuerde.

 

La custodia compartida: requisitos (1ª parte)

Uno de los asuntos que provocan más quebraderos de cabeza a un abogado es la tramitación de un divorcio. En ese caso, los abogados ya sabemos que el cliente nos va a llamar todos los días y nos va a dar incluso más información de la que necesitamos (el divorcio en España es libre y no requiere causa alguna). Y más problemas aún dan los divorcios cuando hay menores de por medio. Digo “divorcio” por abreviar, porque los mismos problemas y los mismos trámites se siguen aunque la pareja no se haya casado.

Desde el momento en que hay hijos en el matrimonio, sabemos que va a haber una guerra constante, encarnizada por momentos, y que va a haber lágrimas. Aunque el divorcio se tramite de mutuo acuerdo, si hay menores, las negociaciones van a ser duras. Hay excepciones, claro. Siempre aconsejo alcanzar un acuerdo, ya que este es un tema muy delicado y es mejor resolverlo con un acuerdo en el que las dos partes cedan un poco (en caso contrario, de poco acuerdo se trata), que celebrar un juicio con el fiscal, el juez, los interrogatorios de las partes, etc.

Y en estos temas, cobra una importancia fundamental los requisitos que se necesitan para que se acuerde la custodia compartida. Pero primero vamos a ver de qué se trata.

Hay que diferenciar la patria potestad de la custodia. La patria potestad es, dicho en términos simples, el poder de decisión sobre los asuntos de los hijos menores. A menos que concurran circunstancias verdaderamente excepcionales, se va a conceder a los dos progenitores.

La custodia, en cambio, indica con cuál progenitor va a vivir el menor y qué régimen de comunicaciones y visitas va a tener el progenitor no custodio. Así, la custodia compartida es el régimen en el que los dos padres se reparten en un 50 % el tiempo que comparten con el hijo, normalmente rotándose en el mismo domicilio para perjudicar lo menos posible al menor.

Pero este régimen, que cada vez parece estar más de “moda” requiere unos requisitos. Si bien ahora es más posible que el juzgado lo conceda, no es ni mucho menos lo habitual. Para no hacer la entrada interminable, en una futura segunda parte detallaré los condicionantes de esta figura.