Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

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Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 43.800 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

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Consejos para ganar un juicio.

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Por muchos juicios que se lleven a la espalda, la responsabilidad y el nerviosismo (esto no se quita nunca, por mucho tiempo que pase, aviso…y si lo hace, muy mala señal) pueden jugar en contra del letrado y, en consecuencia, de los intereses de nuestro cliente. Así, voy a dar una serie de consejos prácticos de forma muy breve para acudir con garantías a una vista.

En primer lugar, obviamente, debemos llevar preparado el asunto. Teniendo en cuenta los retrasos en los juzgados debido a la alarmante falta de medios de los que disponen, es muy normal que medie bastante tiempo desde nuestra demanda (o contestación, o escrito de acusación o defensa, etc) hasta que se celebre el juicio. Por ello, deberemos para empezar “refrescar” el asunto, dando un repaso al expediente y a los distintos escritos y actuaciones que se hayan practicado (como la audiencia previa, si se trata, por ejemplo de un procedimiento ordinario). A continuación, comenzaremos a preparar nuestra actuación enfocada al objetivo que queremos conseguir basándonos siempre en estos tres pilares legislación-doctrina-jurisprudencia.

Posteriormente, una vez estudiado (o re-estudiado) el asunto, una parte importante de nuestro trabajo como letrados es reunirnos con el cliente. Normalmente, ya sea un caso de divorcio, un despido, un tema penal, etc, lo más normal es que sea la primera vez que nuestro cliente se enfrente a la tesitura de intervenir en un juicio. Es importantísimo que le tranquilicemos, explicándole lo que va a ocurrir y dándole unas pautas básicas: hablar de Vd. a su Señoría, fiscal y demás intervinientes, llevar el DNI (esto es básico, porque si no lo llevan no van a poder entrar en sala), ir arreglados (no hace falta ir en traje, evidentemente, pero es siempre aconsejable acudir con cierta formalidad en el vestir, ya que la imagen que va a obtener de ellos el juez puede ser importante a la hora de valorar sus declaraciones) y, sobre todo, preparar su actuación. Esto es fundamental porque el nerviosismo puede jugar una mala pasada al cliente. Será fundamental hacerles entender cómo vamos a enfocar nuestra defensa (sin necesidad de entrar tampoco en cuestiones técnico-jurídicas) y detallarle las preguntas que les pueden hacer tanto nosotros como las otras partes, al menos en la medida de nuestras posibilidades. Repito: es muy importante tranquilizar a los clientes. Su confianza y tranquilidad es lo que puede inclinar la balanza hacia nuestro lado.

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Finalmente, también deberemos entrevistarnos con los testigos y peritos que hayamos propuesto, con en el mismo fin con el que hablamos con el cliente: evitar su intranquilidad, explicarles en qué va a consistir su actuación e informarles de las preguntas que les pueden hacer.

En cuanto al día del señalamiento, es aconsejable llegar con tiempo para recoger la toga y hablar (y tranquilizar nuevamente) con nuestro cliente y no confiarnos en el presumible retraso que puede llevar el juicio, ya que nos podríamos llevar una desagradable sorpresa.

Por último, y en particular sobre el informe oral o de conclusiones con el que acabará nuestra actuación como letrados, mi consejo es que llevemos un guión sencillo y muy básico. No hace falta estudiar ni aprenderse de memoria un largo discurso, aunque sí conviene ensayar, aunque sólo sea para medir los tiempos, ya que si nuestra intervención es excesivamente larga (si nos lo permite el juez, claro) podemos hacer perder la atención de su Señoría. Por supuesto, no es conveniente que nos limitemos a leerlo. Eso da muy mala imagen. Tengamos en cuenta que habiendo preparado el juicio convenientemente, no nos va a hacer falta leer, ya que vamos a tener meridianamente claros los puntos (o las ideas-fuerza, como las llaman los oradores) en los que apoyar nuestra argumentación sin necesidad de acudir al papel. No obstante, como digo, es conveniente acudir con ese guión para nuestra tranquilidad por si nos quedamos en blanco y, evidentemente, si tenemos que citar legislación o jurisprudencia, ya que es absurdo perder el tiempo en memorizar párrafos jurisprudenciales o números de sentencias.

En resumen, preparación, estudio y tranquilizar a los clientes. Con estas reglas básicas podremos afrontar con garantías nuestra actuación en el estrado.

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¿Hace falta darse de alta como autónomo para facturar?

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Hay muchos ciudadanos que tienen su trabajo por cuenta ajena y, además y esporádicamente, les puede surgir la posibilidad de realizar algún trabajo. En estos casos, surge la duda si hace falta darse de alta como autónomo para facturar y tributar por el trabajo que se realice.

Lo primero que hay que decir a este respecto es que sí, sí que se puede facturar sin la necesidad de darse de alta de autónomo (con el ahorro que eso conlleva, sobre todo en España). Pero para hacerlo se tiene que tratar de una actividad no habitual y que no suponga el medio de vida “normal”. En resumen, si su facturación no supera mensualmente el salario mínimo, puede facturar sin estar dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Ahora bien, sí que tendría que tributar esos ingresos extras por IVA  e IRPF y darse de alta con el modelo 036 (que sólo es un trámite burocrático, no les va a conllevar gasto alguno).

Aunque, cuidado, hay actividades que no están sujetas a IVA (aunque sí a IRPF), que serían las siguientes:

  • Servicios de docencia, prestados por entidades de Derecho Público o privadas autorizadas por el Estado, las CCAA u otros entes públicos para el ejercicio de estas actividades:
    • Educación de la infancia y la juventud, hasta el nivel universitario y de posgrado.
    • Enseñanza de idiomas.
    • Formación y reciclaje profesional.
  • Asistencia a personas físicas por profesionales médicos y servicios sanitarios
  • Servicios profesionales (personas físicas) prestados por artistas plásticos, escritores, compositores, traductores…
  • Operaciones y prestaciones de servicios relativas a seguros, reaseguros y capitalización.
  • Arrendamiento de viviendas y entrega de terrenos rústicos y no edificables, así como segunda y ulteriores entregas de edificaciones.
  • Entrega de sellos de correos y efectos timbrados de curso legal

La pega de esta posibilidad es que existe la obligación de realizar las oportunas declaraciones trimestrales oportunas.

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Más vale prevenir que curar.

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A un abogado le frustra casi tanto como al propio cliente no poder hacer su trabajo porque ya haya transcurrido el plazo para intervenir. En España existe una mentalidad que por suerte no sufren nuestros países vecinos de tener la idea de que el abogado nos va a cobrar mucho (en el mejor de los casos) o que directamente nos va engañar con su farragosa labia y su terminología confusa (en el peor).

En estos más de diez años que llevo de ejercicio ya me he encontrado con varios asuntos que tenían muchas posibilidades de prosperar pero en los que no he podido hacer nada porque ya nos encontrábamos fuera de plazo. Tanto en los procedimientos administrativos (multas de tráfico, reclamaciones a los Ayuntamientos, requerimientos…) como en los judiciales (los que se tramitan en un juzgado) existen unos plazos que son preclusivos, esto es, si transcurren, NO HAY NADA QUE HACER. Y esto, como ya digo, frustra mucho también al letrado que conoce (tarde) el asunto.

Por eso, más vale que si queréis reclamar algo u os llega algún requerimiento, contactéis cuanto antes con un abogado. Y no vale hablar con el sobrinito que está estudiando derecho ni con el hijo de la Manoli, que es “abogado” (pero trabaja en un banco y no ejerce). HAY QUE CONTACTAR CON UN ABOGADO COLEGIADO EJERCIENTE. No os va a cobrar mucho (de hecho, algunos como el que os escribe, no cobra la primera consulta si es meramente orientativa). MÁS VALE PAGAR A UN ABOGADO 5 PARA COBRAR LUEGO 50, QUE NO PAGARLE NADA Y QUEDARSE SIN ESOS 50, ¿NO CRÉEIS? A un médico se le paga la consulta. ¿O vais a acudir a que os mire ese bultito que os ha salido al hijo de la vecina que está estudiando medicina y si os dice que todo va bien, ya no vais a hacer nada más?

Y en cuanto a que el abogado os pueda engañar, bueno, desde luego, en un procedimiento judicial, VUESTRO ABOGADO VA A SER VUESTRO ÚNICO AMIGO. No lo va a ser el fiscal (cuando intervenga), ni el juez, ni, por supuesto, el abogado contrario.

En definitiva, cuando tengáis que reclamar algo u os lo reclamen a vosotros, contactad con un abogado y, cuanto antes, mejor.

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Los derechos de los consumidores

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Al igual que pasa en la legislación laboral, los ciudadanos tenemos una serie de derechos en materia de protección de los consumidores que suelen ser desconocidos. Aunque sería un tema demasiado extenso para tratarlo en una única entrada, voy a hacer mención de tres puntos destacados que pueden ser de interés.

a) Devolución de los productos.

A pesar de que muchas tiendas se empeñan en dar vales, el derecho de devolución está meridianamente regulado en la legislación española.

De este modo, el derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Existe un plazo mínimo de catorce días naturales para ejercer este derecho. Como la legislación laboral – con la que guarda tantos paralelismos –, se trata de un derecho de mínimos: existe un mínimo legal que no se puede rebajar, pero que se puede incrementar si el empresario o alguita legislación particular así lo detalla.

Además, este derecho no está sujeto a formalidad alguna ni implicará gasto alguno para el consumidor y usuario. A estos efectos se considerará lugar de cumplimiento el lugar donde el consumidor y usuario haya recibido la prestación.

Es decir, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones (esto es, devolver el comprador el objeto y el vendedor, el dinero). El consumidor no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza, o por el uso del servicio, además de tener derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles que hubiera realizado en el bien.

Es destacable que si transcurren catorce días sin que el consumidor haya recuperado la suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de dicha cantidad.

b) Condiciones generales y cláusulas abusivas.

Los contratos de adhesión – para entendernos, aquellos que son “lo tomas o lo dejas”, aquellos que no se negocian de forma individual, sino que son contratos “tipo” –, tienen que reunirse una serie de garantías:
1) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. Esto es, no se puede marear al consumidor.
2) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura. Recientemente se ha concretado el tamaño mínimo de la “letra pequeña”, ya que antes únicamente se hacía referencia a que fuese legible. Evidentemente con una lupa (o un microscopio) pocos textos no son visibles.
3) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas (sobre las que en breve me extenderá)
4) En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor (una traslación del principio in dubio pro reo o in dubio pro laboris al ámbito de los consumidores y usuarios).

En cuanto a las llamadas cláusulas abusivas, se consideran tales todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.

No obstante y en todo caso son abusivas las cláusulas:
1) Las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
2) Las que limiten los derechos del consumidor y usuario,
3) Las que determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
4) Las que impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,
5) Las que resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato y
6) Las que contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Estas cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, como si nunca hubiesen existido.

La ley detalla un listado de cláusulas abusivas de varias de las clases citadas, detallando, en concreto, qué cláusulas se entienden “vinculadas a la voluntad del empresario” (por ejemplo, las que prevean la prórroga automática de un contrato de duración determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha límite que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su voluntad de no prorrogarlo o las que supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones) o que “limitan los derechos del consumidor” (como la limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del empresario o la exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél).

c) Contratos a distancia.

La legislación española también regula una serie de garantías para los contratos celebrados a distancia con los consumidores y usuarios en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del empresario y del consumidor y usuario, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo. Es decir, entre otros, los que se celebren por Internet o por teléfono.

Entre otras garantías, el empresario debe facilitar al consumidor la siguiente información:
1) La dirección completa del establecimiento del empresario y el número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del mismo, cuando proceda, con objeto de que el consumidor y usuario pueda ponerse en contacto y comunicarse con él de forma rápida y eficaz.
2) El precio total, así como los gastos de transporte y devolución, en su caso, así como si existe alguna restricción para la entrega
3) La existencia de garantía del producto.
4) El empresario deberá velar por que el consumidor, al efectuar el pedido, confirme expresamente que es consciente de que éste implica una obligación de pago.
5) Las modalidades de pago aceptadas.

En este tipo de contratos, el derecho de desistimiento también será de catorce días y no tendrá para el otro coste que el directo de devolución de los bienes, salvo si el empresario ha aceptado asumirlo o no le ha informado al consumidor que le corresponde asumir esos costes.

Como digo, se trata de un tema que merecería más atención y al que en el futuro dedicaré más entradas

 

Perdiendo el tiempo.

Hoy quiero hablar del doble trabajo. ¿En qué consiste? Sencillamente cuando, por causas ajenas al trabajo del abogado, éste se ve obligado a interponer algún escrito que, en principio, no debería. Normalmente, por fallos o errores de los juzgados.

Como ejemplo, voy a comentar un asunto del que esta misma semana me ha llegada la resolución.

A nombre de mi cliente, la empresa X, interpuse una demanda cambiaria contra un señor de Madrid. Un proceso cambiario es aquel en el que se reclama una cantidad de dinero, deuda que se sustenta en algún título-valor, esto es, en pagarés, cheques o –como sucedió en este supuesto- en letras de cambio. Este procedimiento tiene la ventaja que limita en gran medida las posibilidades de defensa del deudor.

Pues bien, cual es mi sorpresa cuando el procurador de Madrid me remite una resolución del Juzgado de Madrid por el que inadmiten mi demanda por un defecto en el timbre de la letra y porque no se menciona en las letras a la persona a cuya orden ha de realizarse el pago. Evidentemente, las letras están correctas y no se aprecia ningún defecto y, más en concreto, aparece claramente en todas y cada una de las letras el nombre de la persona (o empresa, en este caso) a la que se ha de hacer el pago por parte del deudor.

Ante esto, no me quedó otra opción que interponer un recurso de reposición, que resuelve el mismo Juzgado que inadmitió mi demanda. Más coste para mi cliente y tiempo perdido para mí. Este Juzgado de Madrid estima mi alegación respecto al defecto de timbre, pero sigue empecinado en que en las letras no consta la persona a la que hay que hacer el pago.

Evidentemente, el mosqueo de mi cliente, al igual que el mío, es mayúsculo y más cuando le comento que hay que pagar 50 € de tasas para interponer otro recurso más si quieren seguir adelante con el procedimiento que, siendo casi 40.000 euros la cuantía de lo reclamado, ni se piensan.

En fin, que interpongo un recurso de apelación (previo pago de la correspondiente tasa) que, por suerte, resuelve el superior jerárquico, esto es, la Audiencia Provincial de Madrid, recurso en el que intento ser lo más correcto posible (porque ganas no me faltan de hablar del juez de Madrid) y suponiendo con toda la buena fe de lo que soy capaz de que se debe tratar de algún tipo de error o confusión. Incluso aporto copias de las letras (las originales las tiene el Juzgado) en las que marco con rojo (bien gordo, que se vea) el nombre del acreedor de las letras.

Por último, esta misma semana he recibido la resolución del recurso en el que la Audiencia me da la razón, lo que, evidentemente, me alegra (y a mi cliente, más), pero que te deja el regusto amargo de la cantidad de trabajo innecesario que he tenido que realizar en un asunto que no lo merecía.

Y ahora, a que nos devuelvan los 50 € de tasa.