¿Hasta qué punto podemos ser controlados en el trabajo?

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Cada vez es más habitual observar cámaras de video vigilancia en tiendas e incluso en la vía pública (en este caso, sólo las pueden gestionar las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado). ¿Pero se pueden poner en los centros de trabajo para vigilar a los trabajadores?

Así, será necesario valorar, en cada supuesto concreto, el posible conflicto que pueda producirse entre el derecho a la intimidad y a la propia imagen, reconocido en el artículo 18 de la Constitución y el derecho de vigilancia y control del empresario, recogido en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores: “El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso”.
En un principio, la jurisprudencia viene admitiendo de forma pacífica la posibilidad de usar videocámaras siempre que éstas no estén instaladas en zonas que atenten contra la intimidad del trabajador (p. e., lavabos, vestuarios, lugares de descanso, etc.). No obstante, el trabajador deberá ser informado de la grabación de imágenes realizada.

La Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado también a través de diversas instrucciones y concluye que la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.

De esta forma, y en resumen, para que el empleador pueda instalar cámaras, se requieren estos requisitos:
• Informar previamente de la existencia de estas cámaras.
• Colocar un distintivo informativo ubicado en un lugar visible (como el que aparece al inicio de esta entrada).
• La grabación debe regirse por un criterio de proporcionalidad.

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La eutanasia en España: ¿derecho o delito?

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Vemos en las noticias la sobrecogedora petición de unos padres de una muerte digna para su hija enferma que el hospital ha atendido finalmente, retirándole la alimentación artificial y sedándola.

La eutanasia es un derecho en algunos países de nuestro entorno (como, por ejemplo, en Holanda o Bélgica), mientras que en España carece de una regulación legal seria, castigándose incluso en determinadas formas de la misma como delito.

En primer lugar, para cimentar conceptos, podemos definir la eutanasia como la conducta activa u omisiva tendente a acelerar la muerte de un paciente desahuciado para evitar sufrimientos en el mismo. Se trata de una palabra que tiene su origen en el griego y significa algo así como “buena muerte”.

En cuanto a sus tipos, la eutanasia puede ser activa o pasiva.

La eutanasia activa es aquella en la que la muerte del paciente se produce por medio de una conducta activa del agente (por ejemplo, administrando una sobredosis de morfina). Puede ser, a su vez, directa o indirecta. Es directa aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción, por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal. Es indirecta aquella en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometa alguna función vital, que sería el caso de suministrar algún analgésico para calmar algún dolor y que como efecto colateral este produzca la muerte de la persona.

La eutanasia pasiva consiste en el abandono de un tratamiento para provocar la muerte. Puede consistir tanto en no iniciar un tratamiento (abstención terapéutica) como en suspender un tratamiento ya iniciado (suspensión terapéutica).

Actualmente y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Penal, se puede entender que únicamente la eutanasia activa directa se castiga como delito, pudiendo castigarse con la pena de hasta 6 años de prisión. Para entender que se consuma este tipo se requieren los siguientes requisitos:

  • Se tiene que causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro,
  • Debe existir una petición expresa, seria e inequívoca de éste.
  • Y en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

Por supuesto, si no se dieran todas estas circunstancias, la conducta se encuadraría en otro tipo penal.

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El maltrato animal en España.

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La celebración del Toro de la Vega de Tordesillas ha generado un aluvión de noticias y opiniones en las redes sociales. Pero, ¿cuál es la regulación de la tortura animal en nuestra legislación?

Recientemente se modificó gran parte del Código Penal, incluyendo reformas que afectaron también a este asunto.

Centrándonos en los tipos relativos a la fauna (la flora también goza de su oportuna protección), el ordenamiento jurídico español castiga, básicamente, 5 conductas:

  • Abandonar a un animal en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad
  • Introducir o liberar especies de fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico.
  • Cazar, pescar, poseer o destruir especies protegidas, trafique con ellas o impida su reproducción o migración o altere su hábitat.
  • Emplear para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna.
  • El maltrato o explotación sexual de animales.

En este última conducta es donde el legislador se extiende más, agravando las penas cuando se causa la muerte o la pérdida de un órgano, sentido o miembro del animal, se usan armas o instrumentos peligrosos, si media ensañamiento, se realiza ante la presencia de menores.

No obstante, hay que destacar que no todos los animales se encuentran protegidos en esta norma, sino que se ciñe a:

  1. los animales domésticos o amansados,
  2. los que habitualmente están domesticados,
  3. los que temporal o permanentemente viven bajo control humano,
  4. y cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Por último, el legislador introduce un cajón de sastre en el que encuadrar otras conductas reprochables penalmente, castigando a los que, fuera de los supuestos anteriores, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente.

Desde luego, el legislador tiene aún un camino muy largo que recorrer.

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Responsabilidad de la Administración por caídas en la vía pública.

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¿Qué ocurre si alguien tropieza y se cae en la calle? ¿Tiene alguna responsabilidad el Ayuntamiento? Esta entrada pretende aclarar algunas dudas en este tema.

En primer lugar, hay que distinguir si las caídas son fortuitas o si se deben al mal estado del acerado, a una obra no debidamente señalizada. En el segundo de los casos, sí se puede reclamar a la Administración por la caída sufrida, pidiendo el resarcimiento de los daños (personales y materiales) causados por la caída.

¿Y qué se debe hacer si nos hemos caído en este segundo supuesto? Lo primero es fotografiar el lugar donde nos hemos caído y buscar testigos que hayan observado los hechos. Es importante tomar nota de los nombres y teléfonos de los mismos por si llega el caso de que los necesitemos más adelante. También es una buena idea llamar cuanto antes a la policía para que los agentes levanten atestado, en el que se incluirá un reportaje fotográfico del lugar de la caída y de los daños. Si se han sufrido lesiones, también habrá que acudir a un médico para que nos facilite un parte de lesiones.

A continuación − y es importante no dormirnos, ya que tenemos un plazo de seis meses −, lo más aconsejable es contactar con un abogado para que interponga en su nombre una reclamación ante el Ayuntamiento.

El consistorio tiene un plazo máximo para responder a la reclamación, en caso contrario debemos entender que desestiman nuestra petición en virtud del llamado “silencio administrativo”. Tanto en este caso como si la respuesta es contraria a nuestros intereses, quedaría abierta la vía judicial, en la que podríamos demandar ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo al Ayuntamiento.

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Obligaciones para autónomos y empresas para cumplir con la LOPD (protección de datos)

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La protección de datos es un tema que parece estar cada vez más de actualidad: cláusulas y coletillas en los correos electrónicos y páginas web, carteles avisando de que se está grabando, contratos de confidencialidad, el famoso “derecho al olvido”, cookies, formularios, denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por parte de trabajadores despedidos y clientes descontentos, inminentes cambios de legislación a nivel europeo…

Así, todas las empresas y autónomos que ejerzan algún tipo de actividad en España tienen unas obligaciones relativas a la protección de datos de carácter personal. Todos. Desde el humilde autónomo hasta la multinacional que os imaginéis. Es decir, las empresas y autónomos tienen que proteger los datos que manejen de personas físicas (no de personas jurídicas, estas no se encuentran amparadas por la normativa reguladora de la protección de datos). Todas estas obligaciones se encuentran, fundamentalmente, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento que desarrolla la misma y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Y hay que recordar que la eficacia de las leyes está en proporción a las consecuencias de su incumplimiento. Las sanciones van desde un mero apercibimiento (una especia de “más vale que sea la última vez”) hasta 600.000 euros de multa. Es decir, más vale ponerse las pilas en este tema.

Muy básicamente, las obligaciones de los autónomos y empresas son las cinco siguientes:

  • Dar de alta los ficheros que utilicen y que contengan datos de carácter personal ante el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta es, seguramente, la obligación más sencilla de cumplir, pero que aún así y según mi experiencia se suele hacer de manera bastante chapucera y poco profesional.
  • Tener un documento de seguridad. Se trata de un documento que identifica la empresa (o autónomo), los datos que maneja, la forma en que se tratan, especifica las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que se deben implementar para proteger esos datos y los procedimientos de actuación. En definitiva, podríamos definir este documento como la “Biblia” que debe tener cada empresa en materia de protección de datos.
  • Informar y obtener el consentimiento de las personas de las que se conservan datos de carácter personal. En función del tipo de datos, el consentimiento se podrá otorgar de una forma u otra.
  • Facilitar a los empleados de la empresa una formación mínima en este tema.
  • Realizar una auditoria cada dos años, dependiendo del tipo de empresa y de datos que se manejen.

Aún cuando la protección de datos es un tema cada vez más conocido por los profesionales, el grado de incumplimiento de la normativa es todavía bastante elevado, con el riesgo, como hemos visto, que ello conlleva. Como cada empresa es distinta, merece la pena que un profesional en la materia os haga un estudio en profundidad a fin de que adecuéis vuestra actividad a esta normativa y no os veáis en riesgo de incumplimiento. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo sin compromiso a través del apartado contacto de esta página.

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Consecuencias de la Ley Mordaza para los ciudadanos.

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Mañana 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, aprobada en el Congreso con el único respaldo del Partido Popular gracias a su mayoría absoluta, y que ha desatado las críticas de la oposición, juristas, de diversas ONGs, movimientos sociales, la UE e incluso la ONU.

Mi opinión particular (y no soy muy dado a darla en este blog) es que se trata de una ley deleznable que coarta la libertad de expresión y represiona conductas que deberían ser totalmente legítimas en un estado de derecho.

Así, se castigará gravemente a quien intente detener un desahucio, a quien ocupe un banco en señal de protesta (esto afectará, por ejemplo, los pensionistas afectados por las preferentes), legaliza las llamadas “devoluciones en caliente” de extranjeros en situación irregular, sanciona organizar protestas on-line e incluso mover las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Así, manifestarse sin comunicarlo en lugares “críticos” como centrales nucleares o aeropuertos, invadirlos o sobrevolarlos o celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas cuando han sido prohibidos con anterioridad se puede castigar con multas de 30.001 a 600.000 euros.

Se castigarán con multa de 601 a 30.000 euros:

  1. Perturbar el orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito.
  2. Manifestaciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
  3. Los desórdenes graves en vía pública y las barricadas.
  4. Impedir la ejecución de desahucios.
  5. La negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad (esto es, las típicas “sentadas“).
  6. Plantar y cultivar drogas, así como la tolerancia del consumo ilegal de estupefacientes en locales o establecimientos públicos.
  7. El uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes que pueda poner en peligro su seguridad personal o profesional. Algo totalmente ambiguo y que no conlleva seguridad jurídica.

Por último, se consideran infracciones leves y se sancionarán con multa de 100 a 600 euros:

  1. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado (los okupas y las acampadas), así como la venta ambulante no autorizada.
  2. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de un año y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.
  3. Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como las pintadas y los grafiti.
  4. El consumo de alcohol en la calle, (“botellón”), cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
  5. Escalar a edificios o monumentos (como puede hacer alguna organización ecologista para colocar algún tipo de pancarta).
  6. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

En definitiva, una normativa claramente inconstitucional que viola claramente algunos de los derechos recogidos en nuestra Constitución y que más pronto que tarde será derogada.

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¿Qué hacer si se sufre un accidente de tráfico?

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Cuando se sufre un accidente de tráfico, el mismo puede ocasionar daños materiales en el vehículo y personales en los conductores y pasajeros de los vehículos. ¿Qué hacer en este caso?

Existen dos vías. Una extrajudicial, consistente en llegar a un acuerdo amistoso con la compañía aseguradora del vehículo culpable del accidente, lo que realmente es poco frecuente, ya que las compañías se resisten a abonar ningún tipo de indemnización o, si lo hacen, pretenderán abonar una indemnización bastante pequeña.

La otra vía, mucho más efectiva, es la judicial. Dentro de la vía judicial, existen, a su vez, dos posibilidades: la reclamación por la vía civil o por la penal.

En cuanto a la vía civil, hay que destacar que existe un plazo máximo para interponer la oportuna demanda en el lugar del siniestro, que será de un año a contar desde que se produjo el accidente.

No obstante, considero más efectiva la vía penal, además de ser más rápida y económica para el justiciable. Es importante saber que, en este caso, el plazo máximo para interponer la denuncia será de seis meses desde que se produjo el accidente. Una vez que se admita a trámite, uno de los primeros pasos procesales será el reconocimiento por parte del médico forense del lesionado.

En lo que se refiere a la cuantía de la indemnización, como ya he indicado, se puede solicitar por los daños materiales sufridos en el vehículo (por lo que será fundamental poder acreditarlos y cuantificarlos) y los daños personales. Para cuantificar estos últimos existe un baremo que cuantifica la indemnización en función de le lesión sufrida.

En todo caso, es fundamental destacar que se puede elegir el letrado que desea que le asita en la reclamación de la indemnización oportuna, abogado que puede ser independiente de su compañía aseguradora.

Por último, tengo que advertir que a partir del 1 de julio con la reforma del Código Penal, entiendo que se va a producir una importante merma en los derechos de los ciudadanos en los accidentes de tráfico en los que se ocasione la muerte o lesiones por imprudencia leve, ya que el causante del accidente no tendrá responsabilidad penal, mientras que la víctima o sus herederos tendrán que acudir a la vía civil, teniendo que asumir los costes de un informe pericial (a menos que sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita) y el riesgo de que le impongan las costas.

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