La eutanasia en España: ¿derecho o delito?

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Vemos en las noticias la sobrecogedora petición de unos padres de una muerte digna para su hija enferma que el hospital ha atendido finalmente, retirándole la alimentación artificial y sedándola.

La eutanasia es un derecho en algunos países de nuestro entorno (como, por ejemplo, en Holanda o Bélgica), mientras que en España carece de una regulación legal seria, castigándose incluso en determinadas formas de la misma como delito.

En primer lugar, para cimentar conceptos, podemos definir la eutanasia como la conducta activa u omisiva tendente a acelerar la muerte de un paciente desahuciado para evitar sufrimientos en el mismo. Se trata de una palabra que tiene su origen en el griego y significa algo así como “buena muerte”.

En cuanto a sus tipos, la eutanasia puede ser activa o pasiva.

La eutanasia activa es aquella en la que la muerte del paciente se produce por medio de una conducta activa del agente (por ejemplo, administrando una sobredosis de morfina). Puede ser, a su vez, directa o indirecta. Es directa aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción, por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal. Es indirecta aquella en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometa alguna función vital, que sería el caso de suministrar algún analgésico para calmar algún dolor y que como efecto colateral este produzca la muerte de la persona.

La eutanasia pasiva consiste en el abandono de un tratamiento para provocar la muerte. Puede consistir tanto en no iniciar un tratamiento (abstención terapéutica) como en suspender un tratamiento ya iniciado (suspensión terapéutica).

Actualmente y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Penal, se puede entender que únicamente la eutanasia activa directa se castiga como delito, pudiendo castigarse con la pena de hasta 6 años de prisión. Para entender que se consuma este tipo se requieren los siguientes requisitos:

  • Se tiene que causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro,
  • Debe existir una petición expresa, seria e inequívoca de éste.
  • Y en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

Por supuesto, si no se dieran todas estas circunstancias, la conducta se encuadraría en otro tipo penal.

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Los menores ante la ley.

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A raíz de la última guardia que tuve en el turno de menores he pensado hacer unas pequeñas reflexiones sobre un tema que es bastante ignorado por el ciudadano medio: la responsabilidad penal de los menores de edad.

Todos hemos escuchado alguna vez a alguien diciendo algo así como “claro, como es menor, no le pueden hacer nada”. Esto es rotundamente falso, pero voy por partes.

En primer lugar, existe una Ley específica para la responsabilidad penal de los menores, que es la Ley Orgánica 5/2000. ¿Y a quién se aplica esta ley? ¿A todos los menores? No, únicamente a los mayores de catorce años y menores de dieciocho que cometan un delito o falta de los tipificados en el Código Penal.

Esto quiere decir que a una persona con 18 años se le aplica el Código Penal “normal” (para entendernos) y que si tiene menos de 14 años es irresponsable penalmente. Si un menor de esa edad – por ejemplo, de 13 años – comete un delito o falta, sería TOTALMENTE IRRESPONSABLE A EFECTOS PENALES. En ese supuesto, los padres se encargarían de resarcir los daños provocados por el delito o falta cometida, indemnizando en la cuantía necesaria, pero al autor no se le podría aplicar ninguna pena o medida.

¿Estuvo el legislador acertado? En mi experiencia – y ya llevo unos cuantos añitos en el turno especial de menores y realizando los cursos anuales de reciclaje y especialización el materia –, no. Primero, porque hay menores de 12 o 13 años que son incluso famosos en mi ciudad y no se les puede “tocar” penalmente. Y si, además, los padres son insolventes, ni siquiera va a haber un resarcimiento a los perjudicados por los delitos. Y la segunda razón la expondré un poco más adelante.

Otro tema de interés es que a los menores no se les imponen penas, sino medidas. No se trata de un eufemismo terminológico, sino que las medidas tienen una gran variedad: desde internamiento en régimen cerrado – quedándose a dormir – por un tiempo máximo de 8 años (en atención a una serie de variables: edad del menor, delito que se le imputa, etc) hasta una simple amonestación, pasando por trabajos en beneficio de la comunidad, prohibición de aproximarse a la víctima o convivencia con otra persona o familia. Hay que tener en cuenta que todas estas medidas están destinadas, no a castigar al menor, sino a intentar educarle y reinsertarle. En la propia Exposición de Motivos de la ley se hablaba de “naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa del procedimiento”. Evidentemente, en función de las circunstancias del caso y del propio menor algunas medidas pueden ser realmente efectivas y beneficiosas.

Y este es la segunda gran crítica a la Ley de responsabilidad penal del menor: el legislador peca por defecto y se queda corto. La ley se pensó para la típica menor que roba barras de labios en la tienda y poco más. La realidad ha superado sobradamente las pretensiones del legislador y haría necesaria una reforma en profundidad de esta ley. Evidentemente, la mayoría de los temas – por suerte – son bastantes inofensivos (ahora, por ejemplo, está de moda el “sexing”, consistente en enviarse entre sí por WhatsApp u otro medio imágenes o vídeos explícitos y protagonizados por ellos mismos y que luego puedan dar lugar a chantajes), pero no habría estado de más tener la previsión de menciono y endurecer las medidas a imponer para determinados supuestos especialmente graves.