Obligaciones para autónomos y empresas para cumplir con la LOPD (protección de datos)

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La protección de datos es un tema que parece estar cada vez más de actualidad: cláusulas y coletillas en los correos electrónicos y páginas web, carteles avisando de que se está grabando, contratos de confidencialidad, el famoso “derecho al olvido”, cookies, formularios, denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por parte de trabajadores despedidos y clientes descontentos, inminentes cambios de legislación a nivel europeo…

Así, todas las empresas y autónomos que ejerzan algún tipo de actividad en España tienen unas obligaciones relativas a la protección de datos de carácter personal. Todos. Desde el humilde autónomo hasta la multinacional que os imaginéis. Es decir, las empresas y autónomos tienen que proteger los datos que manejen de personas físicas (no de personas jurídicas, estas no se encuentran amparadas por la normativa reguladora de la protección de datos). Todas estas obligaciones se encuentran, fundamentalmente, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento que desarrolla la misma y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Y hay que recordar que la eficacia de las leyes está en proporción a las consecuencias de su incumplimiento. Las sanciones van desde un mero apercibimiento (una especia de “más vale que sea la última vez”) hasta 600.000 euros de multa. Es decir, más vale ponerse las pilas en este tema.

Muy básicamente, las obligaciones de los autónomos y empresas son las cinco siguientes:

  • Dar de alta los ficheros que utilicen y que contengan datos de carácter personal ante el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta es, seguramente, la obligación más sencilla de cumplir, pero que aún así y según mi experiencia se suele hacer de manera bastante chapucera y poco profesional.
  • Tener un documento de seguridad. Se trata de un documento que identifica la empresa (o autónomo), los datos que maneja, la forma en que se tratan, especifica las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que se deben implementar para proteger esos datos y los procedimientos de actuación. En definitiva, podríamos definir este documento como la “Biblia” que debe tener cada empresa en materia de protección de datos.
  • Informar y obtener el consentimiento de las personas de las que se conservan datos de carácter personal. En función del tipo de datos, el consentimiento se podrá otorgar de una forma u otra.
  • Facilitar a los empleados de la empresa una formación mínima en este tema.
  • Realizar una auditoria cada dos años, dependiendo del tipo de empresa y de datos que se manejen.

Aún cuando la protección de datos es un tema cada vez más conocido por los profesionales, el grado de incumplimiento de la normativa es todavía bastante elevado, con el riesgo, como hemos visto, que ello conlleva. Como cada empresa es distinta, merece la pena que un profesional en la materia os haga un estudio en profundidad a fin de que adecuéis vuestra actividad a esta normativa y no os veáis en riesgo de incumplimiento. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo sin compromiso a través del apartado contacto de esta página.

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Consecuencias de la Ley Mordaza para los ciudadanos.

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Mañana 1 de julio entra en vigor la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza, aprobada en el Congreso con el único respaldo del Partido Popular gracias a su mayoría absoluta, y que ha desatado las críticas de la oposición, juristas, de diversas ONGs, movimientos sociales, la UE e incluso la ONU.

Mi opinión particular (y no soy muy dado a darla en este blog) es que se trata de una ley deleznable que coarta la libertad de expresión y represiona conductas que deberían ser totalmente legítimas en un estado de derecho.

Así, se castigará gravemente a quien intente detener un desahucio, a quien ocupe un banco en señal de protesta (esto afectará, por ejemplo, los pensionistas afectados por las preferentes), legaliza las llamadas “devoluciones en caliente” de extranjeros en situación irregular, sanciona organizar protestas on-line e incluso mover las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Así, manifestarse sin comunicarlo en lugares “críticos” como centrales nucleares o aeropuertos, invadirlos o sobrevolarlos o celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas cuando han sido prohibidos con anterioridad se puede castigar con multas de 30.001 a 600.000 euros.

Se castigarán con multa de 601 a 30.000 euros:

  1. Perturbar el orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas cuando no sean constitutivas de delito.
  2. Manifestaciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad.
  3. Los desórdenes graves en vía pública y las barricadas.
  4. Impedir la ejecución de desahucios.
  5. La negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad (esto es, las típicas “sentadas“).
  6. Plantar y cultivar drogas, así como la tolerancia del consumo ilegal de estupefacientes en locales o establecimientos públicos.
  7. El uso no autorizado de imágenes o datos de los agentes que pueda poner en peligro su seguridad personal o profesional. Algo totalmente ambiguo y que no conlleva seguridad jurídica.

Por último, se consideran infracciones leves y se sancionarán con multa de 100 a 600 euros:

  1. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado (los okupas y las acampadas), así como la venta ambulante no autorizada.
  2. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de un año y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.
  3. Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como las pintadas y los grafiti.
  4. El consumo de alcohol en la calle, (“botellón”), cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.
  5. Escalar a edificios o monumentos (como puede hacer alguna organización ecologista para colocar algún tipo de pancarta).
  6. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

En definitiva, una normativa claramente inconstitucional que viola claramente algunos de los derechos recogidos en nuestra Constitución y que más pronto que tarde será derogada.

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Consecuencias prácticas de la reforma del Código Penal.

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En el BOE del martes 31 de marzo, se ha publicado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Las reformas introducidas entrarán en vigor el día 1 de julio de 2015.

Para no aburrir ni extenderme, ya que la reforma es bastante amplia, voy a señalar las diez novedades más importantes o, al menos, las que más me han llamado la atención:

  • Se introduce la pena de prisión permanente revisable.
  • Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas impuestas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea a fin de resolver sobre la concurrencia del agravante de reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena.
  • Se introducen los asesinatos especialmente graves, se revisa la definición de asesinato y su trascendencia para la cualificación del delito de homicidio.
  • Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos.
  • Se revisa la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Así, se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, también aplicable a los delitos de robo con fuerza en las cosas.
  • Se introduce una nueva definición del atentado, señalándose que los supuestos de desobeciencia leve dejan de estar sancionados penalmente y ahora lo serán administrativamente. Como novedad, se refleja de manera explícita que en todo caso, se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones.
  • Se define el delito de alteración del orden público a fin de resolver los problemas de tipicidad y concursales existentes hasta ahora.
  • Se realiza una nueva tipificación del delito de trata de seres humanos a fin de adaptarlo a la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas. Así, dentro de las formas de comisión del delito, se incluye la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas, o la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados. También se revisa la regulación de los delitos de inmigración ilegal. Además, se produce la trasposición efectiva de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.
  • Dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal de acoso, destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas, incluyéndose conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a actos continuos de persecución, vigilancia u hostigamiento.

Pero, no obstante, la novedad más destacada es que esta reforma elimina las faltas del Código Penal, tipificándose como DELITO LEVE aquellas faltas que se estima necesario mantener.

Es decir, algunas de las conductas que hasta ahora (hasta julio de 2015) se consideraban como falta, desaparecen del Código Penal y se reconducen a la vía administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal, lo que supone una SIGNIFICATIVA MERMA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. Sólo se mantienen aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlas en el catálogo de delitos. Ello supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma que desaparece la infracción penal constitutiva de falta.

Esta supresión va a suponer unos efectos negativos importantes, por ejemplo, en los accidentes de tráfico en los que se ocasione la muerte o lesiones por imprudencia leve, ya que el causante del accidente no tendrá responsabilidad penal, mientras que la víctima o sus herederos tendrán que acudir a la vía civil, teniendo que asumir los costes de un informe pericial (a menos que sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita) y el riesgo de que le impongan las costas.