La eutanasia en España: ¿derecho o delito?

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Vemos en las noticias la sobrecogedora petición de unos padres de una muerte digna para su hija enferma que el hospital ha atendido finalmente, retirándole la alimentación artificial y sedándola.

La eutanasia es un derecho en algunos países de nuestro entorno (como, por ejemplo, en Holanda o Bélgica), mientras que en España carece de una regulación legal seria, castigándose incluso en determinadas formas de la misma como delito.

En primer lugar, para cimentar conceptos, podemos definir la eutanasia como la conducta activa u omisiva tendente a acelerar la muerte de un paciente desahuciado para evitar sufrimientos en el mismo. Se trata de una palabra que tiene su origen en el griego y significa algo así como “buena muerte”.

En cuanto a sus tipos, la eutanasia puede ser activa o pasiva.

La eutanasia activa es aquella en la que la muerte del paciente se produce por medio de una conducta activa del agente (por ejemplo, administrando una sobredosis de morfina). Puede ser, a su vez, directa o indirecta. Es directa aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción, por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal. Es indirecta aquella en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometa alguna función vital, que sería el caso de suministrar algún analgésico para calmar algún dolor y que como efecto colateral este produzca la muerte de la persona.

La eutanasia pasiva consiste en el abandono de un tratamiento para provocar la muerte. Puede consistir tanto en no iniciar un tratamiento (abstención terapéutica) como en suspender un tratamiento ya iniciado (suspensión terapéutica).

Actualmente y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Penal, se puede entender que únicamente la eutanasia activa directa se castiga como delito, pudiendo castigarse con la pena de hasta 6 años de prisión. Para entender que se consuma este tipo se requieren los siguientes requisitos:

  • Se tiene que causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro,
  • Debe existir una petición expresa, seria e inequívoca de éste.
  • Y en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

Por supuesto, si no se dieran todas estas circunstancias, la conducta se encuadraría en otro tipo penal.

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El maltrato animal en España.

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La celebración del Toro de la Vega de Tordesillas ha generado un aluvión de noticias y opiniones en las redes sociales. Pero, ¿cuál es la regulación de la tortura animal en nuestra legislación?

Recientemente se modificó gran parte del Código Penal, incluyendo reformas que afectaron también a este asunto.

Centrándonos en los tipos relativos a la fauna (la flora también goza de su oportuna protección), el ordenamiento jurídico español castiga, básicamente, 5 conductas:

  • Abandonar a un animal en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad
  • Introducir o liberar especies de fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico.
  • Cazar, pescar, poseer o destruir especies protegidas, trafique con ellas o impida su reproducción o migración o altere su hábitat.
  • Emplear para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna.
  • El maltrato o explotación sexual de animales.

En este última conducta es donde el legislador se extiende más, agravando las penas cuando se causa la muerte o la pérdida de un órgano, sentido o miembro del animal, se usan armas o instrumentos peligrosos, si media ensañamiento, se realiza ante la presencia de menores.

No obstante, hay que destacar que no todos los animales se encuentran protegidos en esta norma, sino que se ciñe a:

  1. los animales domésticos o amansados,
  2. los que habitualmente están domesticados,
  3. los que temporal o permanentemente viven bajo control humano,
  4. y cualquier animal que no viva en estado salvaje.

Por último, el legislador introduce un cajón de sastre en el que encuadrar otras conductas reprochables penalmente, castigando a los que, fuera de los supuestos anteriores, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente.

Desde luego, el legislador tiene aún un camino muy largo que recorrer.

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Obligaciones para autónomos y empresas para cumplir con la LOPD (protección de datos)

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La protección de datos es un tema que parece estar cada vez más de actualidad: cláusulas y coletillas en los correos electrónicos y páginas web, carteles avisando de que se está grabando, contratos de confidencialidad, el famoso “derecho al olvido”, cookies, formularios, denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por parte de trabajadores despedidos y clientes descontentos, inminentes cambios de legislación a nivel europeo…

Así, todas las empresas y autónomos que ejerzan algún tipo de actividad en España tienen unas obligaciones relativas a la protección de datos de carácter personal. Todos. Desde el humilde autónomo hasta la multinacional que os imaginéis. Es decir, las empresas y autónomos tienen que proteger los datos que manejen de personas físicas (no de personas jurídicas, estas no se encuentran amparadas por la normativa reguladora de la protección de datos). Todas estas obligaciones se encuentran, fundamentalmente, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento que desarrolla la misma y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Y hay que recordar que la eficacia de las leyes está en proporción a las consecuencias de su incumplimiento. Las sanciones van desde un mero apercibimiento (una especia de “más vale que sea la última vez”) hasta 600.000 euros de multa. Es decir, más vale ponerse las pilas en este tema.

Muy básicamente, las obligaciones de los autónomos y empresas son las cinco siguientes:

  • Dar de alta los ficheros que utilicen y que contengan datos de carácter personal ante el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta es, seguramente, la obligación más sencilla de cumplir, pero que aún así y según mi experiencia se suele hacer de manera bastante chapucera y poco profesional.
  • Tener un documento de seguridad. Se trata de un documento que identifica la empresa (o autónomo), los datos que maneja, la forma en que se tratan, especifica las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que se deben implementar para proteger esos datos y los procedimientos de actuación. En definitiva, podríamos definir este documento como la “Biblia” que debe tener cada empresa en materia de protección de datos.
  • Informar y obtener el consentimiento de las personas de las que se conservan datos de carácter personal. En función del tipo de datos, el consentimiento se podrá otorgar de una forma u otra.
  • Facilitar a los empleados de la empresa una formación mínima en este tema.
  • Realizar una auditoria cada dos años, dependiendo del tipo de empresa y de datos que se manejen.

Aún cuando la protección de datos es un tema cada vez más conocido por los profesionales, el grado de incumplimiento de la normativa es todavía bastante elevado, con el riesgo, como hemos visto, que ello conlleva. Como cada empresa es distinta, merece la pena que un profesional en la materia os haga un estudio en profundidad a fin de que adecuéis vuestra actividad a esta normativa y no os veáis en riesgo de incumplimiento. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo sin compromiso a través del apartado contacto de esta página.

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¿Qué hacer si se sufre un accidente de tráfico?

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Cuando se sufre un accidente de tráfico, el mismo puede ocasionar daños materiales en el vehículo y personales en los conductores y pasajeros de los vehículos. ¿Qué hacer en este caso?

Existen dos vías. Una extrajudicial, consistente en llegar a un acuerdo amistoso con la compañía aseguradora del vehículo culpable del accidente, lo que realmente es poco frecuente, ya que las compañías se resisten a abonar ningún tipo de indemnización o, si lo hacen, pretenderán abonar una indemnización bastante pequeña.

La otra vía, mucho más efectiva, es la judicial. Dentro de la vía judicial, existen, a su vez, dos posibilidades: la reclamación por la vía civil o por la penal.

En cuanto a la vía civil, hay que destacar que existe un plazo máximo para interponer la oportuna demanda en el lugar del siniestro, que será de un año a contar desde que se produjo el accidente.

No obstante, considero más efectiva la vía penal, además de ser más rápida y económica para el justiciable. Es importante saber que, en este caso, el plazo máximo para interponer la denuncia será de seis meses desde que se produjo el accidente. Una vez que se admita a trámite, uno de los primeros pasos procesales será el reconocimiento por parte del médico forense del lesionado.

En lo que se refiere a la cuantía de la indemnización, como ya he indicado, se puede solicitar por los daños materiales sufridos en el vehículo (por lo que será fundamental poder acreditarlos y cuantificarlos) y los daños personales. Para cuantificar estos últimos existe un baremo que cuantifica la indemnización en función de le lesión sufrida.

En todo caso, es fundamental destacar que se puede elegir el letrado que desea que le asita en la reclamación de la indemnización oportuna, abogado que puede ser independiente de su compañía aseguradora.

Por último, tengo que advertir que a partir del 1 de julio con la reforma del Código Penal, entiendo que se va a producir una importante merma en los derechos de los ciudadanos en los accidentes de tráfico en los que se ocasione la muerte o lesiones por imprudencia leve, ya que el causante del accidente no tendrá responsabilidad penal, mientras que la víctima o sus herederos tendrán que acudir a la vía civil, teniendo que asumir los costes de un informe pericial (a menos que sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita) y el riesgo de que le impongan las costas.

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Consecuencias prácticas de la reforma del Código Penal.

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En el BOE del martes 31 de marzo, se ha publicado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Las reformas introducidas entrarán en vigor el día 1 de julio de 2015.

Para no aburrir ni extenderme, ya que la reforma es bastante amplia, voy a señalar las diez novedades más importantes o, al menos, las que más me han llamado la atención:

  • Se introduce la pena de prisión permanente revisable.
  • Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas impuestas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea a fin de resolver sobre la concurrencia del agravante de reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena.
  • Se introducen los asesinatos especialmente graves, se revisa la definición de asesinato y su trascendencia para la cualificación del delito de homicidio.
  • Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos.
  • Se revisa la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Así, se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, también aplicable a los delitos de robo con fuerza en las cosas.
  • Se introduce una nueva definición del atentado, señalándose que los supuestos de desobeciencia leve dejan de estar sancionados penalmente y ahora lo serán administrativamente. Como novedad, se refleja de manera explícita que en todo caso, se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones.
  • Se define el delito de alteración del orden público a fin de resolver los problemas de tipicidad y concursales existentes hasta ahora.
  • Se realiza una nueva tipificación del delito de trata de seres humanos a fin de adaptarlo a la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas. Así, dentro de las formas de comisión del delito, se incluye la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas, o la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados. También se revisa la regulación de los delitos de inmigración ilegal. Además, se produce la trasposición efectiva de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.
  • Dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal de acoso, destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas, incluyéndose conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a actos continuos de persecución, vigilancia u hostigamiento.

Pero, no obstante, la novedad más destacada es que esta reforma elimina las faltas del Código Penal, tipificándose como DELITO LEVE aquellas faltas que se estima necesario mantener.

Es decir, algunas de las conductas que hasta ahora (hasta julio de 2015) se consideraban como falta, desaparecen del Código Penal y se reconducen a la vía administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal, lo que supone una SIGNIFICATIVA MERMA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. Sólo se mantienen aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlas en el catálogo de delitos. Ello supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma que desaparece la infracción penal constitutiva de falta.

Esta supresión va a suponer unos efectos negativos importantes, por ejemplo, en los accidentes de tráfico en los que se ocasione la muerte o lesiones por imprudencia leve, ya que el causante del accidente no tendrá responsabilidad penal, mientras que la víctima o sus herederos tendrán que acudir a la vía civil, teniendo que asumir los costes de un informe pericial (a menos que sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita) y el riesgo de que le impongan las costas.