La eutanasia en España: ¿derecho o delito?

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Vemos en las noticias la sobrecogedora petición de unos padres de una muerte digna para su hija enferma que el hospital ha atendido finalmente, retirándole la alimentación artificial y sedándola.

La eutanasia es un derecho en algunos países de nuestro entorno (como, por ejemplo, en Holanda o Bélgica), mientras que en España carece de una regulación legal seria, castigándose incluso en determinadas formas de la misma como delito.

En primer lugar, para cimentar conceptos, podemos definir la eutanasia como la conducta activa u omisiva tendente a acelerar la muerte de un paciente desahuciado para evitar sufrimientos en el mismo. Se trata de una palabra que tiene su origen en el griego y significa algo así como “buena muerte”.

En cuanto a sus tipos, la eutanasia puede ser activa o pasiva.

La eutanasia activa es aquella en la que la muerte del paciente se produce por medio de una conducta activa del agente (por ejemplo, administrando una sobredosis de morfina). Puede ser, a su vez, directa o indirecta. Es directa aquella en que la muerte se produce directamente como consecuencia de una acción, por ejemplo, la aplicación de una dosis mortal. Es indirecta aquella en que la muerte se obtiene indirectamente mediante la utilización de un analgésico que tenga efectos colaterales y comprometa alguna función vital, que sería el caso de suministrar algún analgésico para calmar algún dolor y que como efecto colateral este produzca la muerte de la persona.

La eutanasia pasiva consiste en el abandono de un tratamiento para provocar la muerte. Puede consistir tanto en no iniciar un tratamiento (abstención terapéutica) como en suspender un tratamiento ya iniciado (suspensión terapéutica).

Actualmente y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Penal, se puede entender que únicamente la eutanasia activa directa se castiga como delito, pudiendo castigarse con la pena de hasta 6 años de prisión. Para entender que se consuma este tipo se requieren los siguientes requisitos:

  • Se tiene que causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro,
  • Debe existir una petición expresa, seria e inequívoca de éste.
  • Y en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar.

Por supuesto, si no se dieran todas estas circunstancias, la conducta se encuadraría en otro tipo penal.

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Consecuencias prácticas de la reforma del Código Penal.

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En el BOE del martes 31 de marzo, se ha publicado la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Las reformas introducidas entrarán en vigor el día 1 de julio de 2015.

Para no aburrir ni extenderme, ya que la reforma es bastante amplia, voy a señalar las diez novedades más importantes o, al menos, las que más me han llamado la atención:

  • Se introduce la pena de prisión permanente revisable.
  • Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas impuestas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea a fin de resolver sobre la concurrencia del agravante de reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena.
  • Se introducen los asesinatos especialmente graves, se revisa la definición de asesinato y su trascendencia para la cualificación del delito de homicidio.
  • Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos.
  • Se revisa la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Así, se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, también aplicable a los delitos de robo con fuerza en las cosas.
  • Se introduce una nueva definición del atentado, señalándose que los supuestos de desobeciencia leve dejan de estar sancionados penalmente y ahora lo serán administrativamente. Como novedad, se refleja de manera explícita que en todo caso, se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones.
  • Se define el delito de alteración del orden público a fin de resolver los problemas de tipicidad y concursales existentes hasta ahora.
  • Se realiza una nueva tipificación del delito de trata de seres humanos a fin de adaptarlo a la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la Prevención y Lucha contra la Trata de Seres Humanos y a la Protección de las Víctimas. Así, dentro de las formas de comisión del delito, se incluye la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas, o la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados. También se revisa la regulación de los delitos de inmigración ilegal. Además, se produce la trasposición efectiva de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.
  • Dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal de acoso, destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas, incluyéndose conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima a la que se somete a actos continuos de persecución, vigilancia u hostigamiento.

Pero, no obstante, la novedad más destacada es que esta reforma elimina las faltas del Código Penal, tipificándose como DELITO LEVE aquellas faltas que se estima necesario mantener.

Es decir, algunas de las conductas que hasta ahora (hasta julio de 2015) se consideraban como falta, desaparecen del Código Penal y se reconducen a la vía administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal, lo que supone una SIGNIFICATIVA MERMA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS. Sólo se mantienen aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlas en el catálogo de delitos. Ello supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma que desaparece la infracción penal constitutiva de falta.

Esta supresión va a suponer unos efectos negativos importantes, por ejemplo, en los accidentes de tráfico en los que se ocasione la muerte o lesiones por imprudencia leve, ya que el causante del accidente no tendrá responsabilidad penal, mientras que la víctima o sus herederos tendrán que acudir a la vía civil, teniendo que asumir los costes de un informe pericial (a menos que sean beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita) y el riesgo de que le impongan las costas.