En Francia, han retirado recientemente la imposición de las tasas judiciales. Y eso me ha llevado a una pequeña reflexión para diferenciarlas de las que (aún y espero que por poco tiempo) sufrimos en España:
En primer lugar, las tasas francesas son infinitamente más bajas que en España. En Francia únicamente eran de 35 euros y sólo para la primera instancia. En nuestro país pueden alcanzar los 1200 euros por un recurso de casación. En todo el país la tasa alcanza la misma cuantía. Pero, paradójicamente, el Baremo orientador de honorarios para los letrados no es el mismo para todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, en Córdoba, la tasa puede suponer el 100 % (o incluso más) de la cuantía de los honorarios del abogado para, por ejemplo, un recurso de apelación. Es decir, lo que a un cliente antes le constaba 800 o 900 euros, ahora le va a costar el doble. Más gastos de procurador. Y costas, si pierde, claro. Pero aunque gane, la tasa no se le va a devolver.
En segundo lugar, en nuestro país vecino, la tasa se paga a la finalización del procedimiento (más en concreto, al finalizar la primera instancia, que es cuando se paga). Aquí es requisito sine qua non para la admisión a trámite de un procedimiento. O se paga o no hay asunto.
Y en tercer lugar, las tasas en Francia se utilizaban para sufragar la partida presupuestaria francesa destinada a responder subsidiariamente de la responsabilidad civil por delitos. Es decir, que como la république ha « permitido » que un ciudadano francés sea víctima de un delito por el mal servicio de sus fuerzas de seguridad, si el delincuente no puede indemnizar a la víctima, lo hará el Estado de forma subsidiaria. En España, si el delincuente es insolvente, mala suerte. En España se utilizan (se supone) para financiar la justicia gratuita.
Es decir, que aún así, aún a pesar de estas “pequeñas diferencias”, el gobierno francés eliminó con efectos de enero de 2014 las tasas judiciales (de, repito 35 euros) por entender que habían supuesto una “penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia”, asegurando que “esta tasa de 35 euros es injusta”.
Emilio Rioja Torres - Abogado 