¿Tienen los locales comerciales la obligación de contribuir a los gastos de la comunidad?

 

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En principio, los propietarios de los locales tienen la obligación de contribuir al pago de los gastos comunes del edificio, aunque no usen o tengan acceso a los elementos comunes del mismo.

Es decir, aunque el local tenga un acceso independiente a la vía pública y no use los elementos comunes de la comunidad de propietarios, pesa sobre el mismo la obligación de contribuir al sufragio de los gastos comunes con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido.

No obstante, quedarían los locales exentos de esta carga en dos supuestos:

  • cuando se acuerde así en el título constitutivo (esto es, en los estatutos)
  • o cuando se acuerde de forma unánime por la junta de propietarios.

Así, es frecuente que los propietarios de los locales comerciales se encuentren exentos del pago de la luz de la escalera, de los gastos de ascensor o limpieza. Pero insistimos, esta posibilidad únicamente se puede concretar si se acuerda en los estatutos o posteriormente por acuerdo unánime de los comuneros en una junta de propietarios.

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¿Qué es el “patrimonio protegido”?

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Seguro que alguna vez habrán escuchado o leído esa expresión: “patrimonio protegido”. Es una figura jurídica para atribuir unos bienes a personas que padezcan algún tipo de discapacidad para que puedan hacer frente a sus necesidades vitales.

En definitiva, se trata de trasmitir un patrimonio a la persona discapacitada sin tener que utilizar otros instrumentos como una donación, compraventa o testamento, de forma que se reducen significativamente los costes fiscales de la operación.

En primer lugar, los destinatarios de este “patrimonio protegido” son de forma exclusiva:

  • las personas con discapacidad psíquica de, al menos, el 33%
  • o con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%.

No es obligatoria una resolución judicial que declare la incapacidad del beneficiario de la transmisión, sino que basta el informe valorativo del Equipo de Valoración y Orientación que certifique el grado de discapacidad

Es muy importante destacar que ese patrimonio que se trasmite tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la persona discapacitada.

Si bien en principio puede parecer que únicamente los familiares de la persona discapacitada pueden constituir este patrimonio especial y separado, la puede constituir cualquier persona (incluida la persona con discapacidad si tiene capacidad de obrar). También cualquier persona y sociedad mercantil podrá realizar aportaciones a un patrimonio ya creado.

En cuanto al contenido del patrimonio protegido, puede consistir en bienes y derechos, esto es, desde dinero, hasta inmuebles, pasando por seguros o joyas.

La forma de constituir esta figura será ante notario. No obstante, es conveniente acudir antes a un abogado para que asesore al solicitante sobre la mejor forma de hacerlo, así como del funcionamiento y administración del patrimonio.

Finalmente, hay que insistir que tanto los aportantes o constituyentes del patrimonio protegido como la propia persona con discapacidad gozarán de una serie de beneficios fiscales.

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¿Qué es y qué no es violencia de género?

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Hace poco compartí por Twitter un enlace sobre una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que absolvía a un condenado por violencia machista (y lo condenaba como autor de un delito de lesiones “normal”, por llamarlo de alguna manera).

Dicha sentencia razona que cuando la relación de pareja ya se ha roto, para que se pueda entender que la agresión es constitutiva de violencia de género, esta tiene que traer su causa “en esa relación afectiva anterior y no en cualquier otra que puedan conservar tras la ruptura. Es decir, que si la agresión se produce por una discusión sobre fútbol, política o por, en definitiva, cualquier motivo distinto de esa relación que ya se ha roto, no nos encontraríamos ante un delito de violencia de género, sino ante un delito de lesiones. La diferencia no es baladí, ya que las penas son distintas en uno y otro caso, ya que el desvalor de la acción es mucho mayor en los delitos de violencia machista que en las meras lesiones.

Esta sentencia, realmente, no es tan novedosa, ya que la jurisprudencia ha ido dando forma a la conducta típica de este delito, exigiendo para que concurran los tipos de violencia de género que se esté ante manifestaciones de situaciones de subordinación, dominación o discriminación de la mujer por quien es actualmente o ha sido su pareja. Efectivamente, nuestro Tribunal Supremo lo ha venido a exigir, indicando que se trata de sancionar “aquellas conductas que exteriorizan una actitud tendente a convertir el ámbito familiar en un microcosmos regido por el miedo y la dominación y el sojuzgamiento por el agente sobre la esposa o pareja o los otros familiares (…), pues nada define mejor el maltrato familiar que la relación de dominio ejercitado mediante actos de violencia física o psíquica para imponer la supremacía del sujeto activo”.

En definitiva, para distinguir entre un tipo y otro de agresión, hay que atender a si se ha producido la misma como exteriorización de ese ánimo machista para dominar a la mujer o no.

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Los ciegos y los sordos no podrán casarse sin autorización previa.

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A partir del 30 de junio de 2017 entra en vigor la última reforma del Código civil, según la cual, las personas con deficiencia sensorial necesitarán un informe médico para poder contraer matrimonio.

Conforme a la regulación actual y vigente hasta esa fecha (artículo 56 del Código Civil), «si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».

Con la nueva reforma, este mismo peritaje médico se exigirá también para los invidentes, las personas sordas o los que padezcan cualquier otro tipo de déficit sensorial, equiparándolas a los que padezcan anomalías o deficiencias psíquicas, dando a entender que no gozan de las capacidades necesarias para prestar su consentimiento matrimonial de forma válida.  Así, se requerirá el visto bueno de un médico como requisito previo e indispensable para contraer matrimonio.

Por mero sentido común, parece un despropósito que un invidente necesite una autorización médica para casarse, puesto que su deficiencia visual no afecta en nada a sus capacidades intelectivas y volitivas. Desconozco y no imagino cuál sería la intención del legislador al modificar ese precepto. Y más aún cuando el precepto estaba bien tal y como estaba. “Si algo no se ha roto…”. Además, claro, de que se podría vulnerar el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución.

 

Informar sobre los alérgenos es OBLIGATORIO para los restaurantes.

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Cada vez hay más personas diagnosticadas con alguna alergia o intolerancia alimentaria, sobre todo, a la lactosa y al gluten. Y para estas personas es muchas veces un verdadero calvario salir a comer por miedo a tomar algo que les pueda sentar mal, sobre todo en vacaciones, si están fuera de casa.

Y es que muchos restaurantes y hoteles siguen incumpliendo de forma sistemática la normativa europea en materia de seguridad alimentaria que se traspuso a finales de 2014 al derecho español y que obliga, entre otras cosas, a informar de los alérgenos que pueden contener sus platos.

Se trata de un tema muy importante, ya que su incumplimiento puede derivar en problemas de salud para los consumidores (para los que puede estar incluso en juego su vida), como para los restaurantes, ya que, además de las multas con las que pueden ser castigados por no cumplir con su deber de información en la materia, serán responsables de las lesiones que sufran sus clientes por lo que hayan comido, responsabilidad que puede alcanzar la vía penal.

De esta forma, la información al comensal es algo absolutamente fundamental. Esta información debe ser “clara, visible y no estar escondida”. Se puede facilitar de forma oral por el personal del restaurante, pero, en este caso, se debe incluir algún tipo de aviso, indicando que esta será la forma en la que se va a informar de los alérgenos, por ejemplo, añadiendo una declaración al menú o con algún cartel informativo. También se puede informar al comensal por escrito mediante leyendas o símbolos en la carta (o teniendo una o varias “cartas especiales de alérgenos” a disposición de los consumidores) o incluso mediante modernos códigos QR. Pero, en definitiva, y sea de la forma que sea, ES OBLIGACIÓN DEL RESTAURANTE INFORMAR DE LOS ALÉRGENOS QUE CONTIENEN SUS PLATOS.

El incumplimiento de esta obligación o el incumplimiento parcial, facilitando información falsa o incompleta puede conllevar la imposición de una multa, además de la responsabilidad por las lesiones en la salud que haya sufrido el consumidor.

En definitiva, ante un incumplimiento, lo más conveniente es rellenar una hoja de reclamaciones (o llamar a la policía en el caso de que no dispongan de una, ya que esta es otra obligación) y, en el caso de haber sufrido alguna intoxicación conservar todos los informes y diagnósticos médicos de cara a una posible denuncia.

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Los plazos en agosto.

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Pronto comienza el mes de agosto y, a pesar de las antiguas declaraciones de algún ministro de justicia de nefasto recuerdo y muy ignorante en la materia, este mes no es inhábil por completo. La ley española señala al respecto que “Serán inhábiles los días del mes de Agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”.

 Las excepciones parecen, en cambio, la regla general dada cuenta del número que hay. Así, por ejemplo, en la jurisdicción civil, es hábil el mes de agosto cuando la demora hasta septiembre pueda ocasionar un perjuicio a los interesados, como por ejemplo, en casos de menores en peligro de desamparo.

En el ámbito penal es donde menos relevancia práctica tiene la regla general de que agosto es inhábil, ya que será hábil para todas las causas que se encuentren en fase de instrucción.  Hay que añadir las guardias penales que se celebran los 365 días del año y las 24 horas al día, por supuesto.

En la jurisdicción laboral también existen excepciones, como los plazos para interponer la papeleta de conciliación previa a la demanda de despido.

En vía administrativa, el mes de agosto es totalmente hábil, a excepción de los domingos y de los festivos. A partir de octubre de 2016, los sábados serán también inhábiles.

Existen muchas más excepciones, pero mi intención no es enumerarlas todas, sino dar a entender que agosto es inhábil… pero no mucho. Y con Lexnet, mucho menos.

 

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Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

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Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 43.800 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

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