La prisión provisional.

Todo el mundo está opinando sobre la prisión provisional de los exmiembros del gobierno autonómico catalán. Incluso, al igual que un reloj parado de vez en cuando acierta en dar la hora exacta, alguna opinión se basa en argumentos jurídicos en contraposición a los más comunes de barra de bar.

Antes de empezar a explicar en lo que consiste la prisión provisional y los requisitos que exige, quiero decir que los problemas políticos tienen que ser solucionados de forma política. Pero que cuando un político comete algún hecho de los que se describen en el librito de abajo, ello requiere que se adopten medidas jurídicas. Y no, no se trataría de un preso político, sino más bien de un político preso.

20171106_225850_HDR-1

Dicho lo cual, lo primero que hay que aclarar en cuanto a la preisión provisional es que se trata de una medida EXCEPCIONALÍSIMA. Literalmente, esa es la expresión que usa doctrina y jurisprudencia. Ello es así porque se está privando de la libertad (derecho fundamental) a una persona sin que se haya dictado aún una sentencia condenatoria y la misma sea firme.

Así, se puede definir la prisión provisional como la situación nacida de una resolución jurisdiccional, de carácter provisional y duración limitada, por la que se restringe el derecho a la libertad de un imputado por un delito de especial gravedad y en quien concurre un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que no acudirá a la llamada de la celebración del juicio oral, así como para conjurar los riesgos de reiteración delictiva, de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba y la puesta en peligro de la víctima.

 De este concepto podemos extraer sus características:

  • Debe ser objetivamente necesaria para los fines que la justifican, es decir, se debe adoptar cuando no cabe otra medida menos restrictiva.
  • Se celebrará una vista en la que el fiscal o la acusación particular deben solicitarla y con la asistencia siempre del abogado del investigado.
  • Debe estar motivada en una resolución judicial, de forma que no sea arbitraria, en relación a la información que se tenga del caso concreto en ese momento. Esta resolución se podrá recurrir en apelación.
  • Debe tener la mínima duración posible y mientras persistan los motivos que dan lugar a su adopción. La ley establece un límite de dos años que puede ser prorrogado otros dos.

Además, sólo se podrá decretar la prisión provisional cuando concurran los siguientes requisitos:

  • Que se trate de un delito con una pena al menos de dos años de prisión.
  • Que existan indicios de que la persona a la que se impone esta medida es responsable del delito.
  • Que con la la prisión provisional se persiga:
    1. Asegurar la presencia del investigado cuando exista riesgo de fuga (habrá que atender al arraigo familiar, laboral, medios económicos, etc.)
    2. Evitar la destrucción, ocultación o alteración de pruebas (se atenderá a si el investigado tiene acceso él mismo o a través de terceros a esos medios de prueba).
    3. Impedir que el investigado pueda atentar contra la víctima.
    4. Riesgo de reiteración delictiva.

Así, ¿es conforme a derecho la prisión provisional sin fianza (y a uno de ellos con fianza) acordada para los exmiembros del gobierno autonómico catalán? Yo, desde luego, si hubiera sido el letrado de alguno de los encausados, habría alegado que no hay riesgo de fuga (han comparecido; incluso algunos han venido desde el extranjero cuando se podrían haber quedado allí como el Sr. Puigdemont), que tienen arraigo laboral y familiar en España (supongo), que no hay riesgo de reiteración delictiva ya que han sido cesados en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que no hay riesgo de destrucción o alteración de pruebas ya que al haber sido cesados no tienen acceso a las mismas. Si hubiese sido el fiscal también habría tenido argumentos jurídicos para solicitarla.

En fin, formen ustedes su opinión.

abogado-emilio

Anuncios

¿Ha cometido Puigdemont un delito de sedición?

sedición

El delito de sedición no es uno de los que se suelen estudiar en la asignatura de derecho penal. El tiempo suele ser escaso y los profesores prefieren centrarse en delitos más habituales.

No obstante, hoy día parece ser un delito que está en boca de todos y los catedráticos de derecho penal proliferan en las redes sociales. No voy a aburrir con un estudio en profundidad de esta figura, sino que me voy a limitar a dar unas pinceladas básicas y aclarar (o eso espero) algún concepto.

En primer lugar, ¿en qué consiste el delito de sedición? Este delito se conceptúa en exclusión al de rebelión, así que voy a empezar por ahí.

La rebelión consiste en alzarse violenta y públicamente para:

  • Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución,
  • Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades al Rey u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad.
  • Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos.
  • Disolver las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, el Senado o cualquier Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, impedir que se reúnan, arrancarles alguna resolución o sustraerles alguna de sus atribuciones o competencias.
  • Declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
  • Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o usar o ejercer por sí o despojar al Gobierno o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma, o a cualquiera de sus miembros de sus facultades, o impedirles o coartarles su libre ejercicio, u obligar a cualquiera de ellos a ejecutar actos contrarios a su voluntad.
  • Sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno.

Por otra parte, también se castiga al que induzca, promueva o sostenga la rebelión. Si se esgrimen armas o hay combate entre las fuerzas rebeldes y el gobierno legítimo se agravan las penas.

De esta forma, se entiende que cometen sedición quienes, SIN ESTAR COMPRENDIDOS EN EL DELITO DE REBELIÓN, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

Al igual que en el caso de la rebelión, también se castiga específicamente a quienes induzcan, sostengan o dirijan la sedición.

De esta forma, ¿podría haber cometido el Sr. Puigdemont o el Sr. Trapero (entre otros) un delito de sedición o de rebelión?

Hay que matizar que el delito de rebelión consiste en el alzamiento violento y público para las finalidades antes indicadas. Si bien pudiera parecer que falta uno de los elementos del tipo (la violencia), existe jurisprudencia que ha señalado que ésta no tiene por qué referirse a la integridad física, sino que puede producirse cuando se produce por la fuerza material de los hechos con el ánimo específico de restringir la libertad ajena o privar injustamente de derechos. En consecuencia, según esta jurisprudencia, podría entenderse cometido este delito si se considera que eso es lo que ocurrió en los plenos del Parlamento catalán de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica imponiendo por la fuerza de los hechos un incumplimiento ilícito del propio Reglamento del Parlament e impidiendo a los diputados regionales el ejercicio efectivo de sus derechos parlamentarios fundamentales.

Particularmente, no estoy de acuerdo con esta interpretación de la rebelión en atención a los principios rectores del derecho penal por entender que se trataría de una interpretación in malam partem muy cogida con alfileres. El delito de sedición sí que podría ser más aplicable, salvo mejor opinión. En todo caso, es más que evidente que habría habido delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.

Para terminar, si el juez considera que los Sres. Puigdemont o Trapero han cometido un delito de rebelión o sedición, podrían decretar la prisión provisional para los mismos.

abogado-emilio

El caso de Juana Rivas.

juana rivas.jpg

Del caso de Juana Rivas todo el mundo habla y todo el mundo da su opinión jurídica. Hay muchos expertos en derecho de familia y en derecho penal en las redes sociales, por lo que se ve. Así que yo no voy a ser menos. Lo primero de todo, ordenar un poco los hechos que desembocaron en la devolución de los menores por su madre el día de ayer.

  • En 2009, Don Francesco Arcuri fue condenado a tres meses de prisión por la comisión de un delito de lesiones de los artículos 153.2 y 153.3 del Código Penal.
  • A pesar de ello, la Sra. Rivas retoma la convivencia con su pareja e incluso tienen en común un segundo hijo, nacido en Italia, donde tienen el último domicilio familiar.
  • En el verano de 2016, Doña Juana se va de vacaciones con sus hijos a España.
  • Ya en España, la Sra. Rivas denuncia un maltrato psicológico por parte del padre de sus hijos, solicitó la guardia y custodia en exclusiva y decide quedarse unilateralmente en nuestro país con los menores.
  • Tanto la nueva denuncia como la modificación de las medidas de divorcio no son admitidas a trámite.
  • Haciendo caso omiso de los requerimientos de los juzgados españoles, Juana Rivas no entrega sus hijos al padre y queda en paradero desconocido.
  • El Convenio de la Haya sobre sustracción de menores es de aplicación a este supuesto, ya que tanto Italia como España fueron firmantes del mismo. Según este texto legal, la obligación de devolver al menor se exceptúa cuando se aprecia que ello conllevaría una situación de riesgo para los menores, riesgo que, al menos de momento, no se ha apreciado por ningún tribunal.
  • El Tribunal Constitucional inadmite el recurso de amparo interpuesto por Doña Juana al no haberlo interpuesto en plazo legal e indica que los tribunales españoles no son competentes en el caso.
  • Se instruye una causa penal contra la Sra. Rivas por delitos de desobediencia y sustracción de menores, acordándose su libertad provisional, si bien la fiscalía ha recurrido este extremo.
  • Finalmente, en el día de ayer se hizo entrega de los menores a Don Francesco.

Estos son los hechos objetivos hasta el día de hoy, o al menos los que yo conozco por los medios. Pero hay que hacer ciertos matices a los mismos.

  • Es cierto que el Sr. Arcuri fue condenado por un delito de violencia de género. Pero voy explicar de forma muy leve en qué consiste el mismo. Se trata del art. 153.2 en relación con el 153.3 del Código Penal. De esta forma, se castiga como delito leve el maltrato de obra, esto es, las acciones que no causan lesiones (que no requieren un tratamiento médico o quirúrgico posterior, como, por ejemplo, un empujón, una sujeción fuerte o una bofetada). Insisto, cuando no se sufren lesiones físicas. Este tipo, cuando se comete contra la persona que ha sido esposa, novia o pareja de hecho se engloba en los delitos de violencia de género y su pena se ve agravada por esta circunstancia.
  • En ese mismo procedimiento, los dos progenitores se denunciaron mutuamente, si bien Doña Juana fue absuelta.
  • Juana Rivas ha faltado a la verdad al decir en los medios de comunicación que Don Francesco le dio una paliza que hizo que tuviera que ser asistida hospitalariamente. En la causa penal no había parte de lesiones. Ya he explicado en que consiste el delito por el que fue condenado su esposo.
  • En el derecho español existe la figura de la conformidad, en la que, en ciertos supuestos, cabe “conformarse” con la pena más alta solicitada por las acusaciones (aquí intervendría un letrado especializado en violencia de género y el ministerio fiscal) y, en ese caso, no se celebra juicio y se rebaja la pena en un tercio, todo ello bajo la condición de no recurrir en apelación, siendo firme la sentencia desde ese mismo momento. El Sr. Arcuri se conformó y fue así condenado a tres meses de prisión, pena que quedó en suspensión al ser inferior a dos años y no tener antecedentes previos. [AHORA UN PEQUEÑO INCISO: Cuando tengo que asistir a un detenido y surge la posibilidad de la conformidad, aunque les explique los beneficios y los perjuicios, siempre dejo claro que es una decisión que deben tomar él. Yo puedo aconsejar lo mejor que pueda y sepa, pero la decisión final la debe tomar el interesado, ya que si acepta va a ser condenado penalmente y va a tener antecedentes penales, con las gravísimas consecuencias que acarrearían una segunda condena.]
  • La denuncia de los malos tratos psicológicos debería haberse interpuesto en Italia, que es el lugar donde se cometieron los hechos que se denuncian. No voy a entrar en el tema sobre si es sospechoso o no que denuncie en España unos hechos acaecidos supuestamente más de un año (como mínimo) antes ya que, mientras que no prescriba el delito se puede denunciar.
  • Del mismo modo, la modificación de las medidas adoptadas en el divorcio se deben ventilar en Italia, ya que allí se encontraba el último domicilio familiar de los progenitores.
  • En mi opinión, la Sra. Rivas ha sido pésimamente asesorada por Doña Teresa Sanz (psicóloga) y Doña Francisca Granados (asesora legal, si bien no es abogada colegiada), trabajadoras del Centro de la Mujer de Maracena. Y parece que no soy el único que lo pienso hasta el punto que se les está investigando como inductoras o partícipes necesarios en un delito de sustracción de menores y en otro de desobediencia. Me parece realmente grave que las víctimas de violencia de género no sean debidamente asesoradas. Es cierto que se les asigna un letrado especializado en la materia, pero puede que los Centros de la Mujer deban ser algo más exigentes con su personal ya que, al final, van a tratar mucho más tiempo con las víctimas que los abogados.

Se ha debatido mucho estos días si se debe privar de la patria potestad a un padre condenado por violencia de género. Entiendo que el “caso Bretón” (entre otros) pueden influir en el debate, pero es un tema complejísimo que no se puede responder de forma categórica. Evidentemente, si se ejerce violencia doméstica contra los hijos es lo más acertado, pero, como hemos visto, existe una amplia categoría de delitos de violencia de género.

Imaginemos un supuesto. La Sra. A se pelea con el Sr. B y en el transcurso de la misma intenta agredirle. Para evitarlo, éste coge fuertemente de la mano a la Sra. A y se marcha, del domicilio dando un portazo. Posteriormente, la Sra. A interpone una denuncia por malos tratos y el Sr. B es detenido a las 18:00 horas llegar a su domicilio. Pasa la noche en el calabozo (no ha dado tiempo de instruir el atestado y derivarlo al Juzgado de Guardia) y a las 10’00 es trasladado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Vamos a seguir imaginando y, al no haber parte de lesiones y existiendo únicamente como pruebas las palabras de la denunciante y el denunciado, el juez valora como más veraz las declaraciones de la mujer y condena al Sr. B como autor de un delito de violencia de género (en concreto, del art. 153.2). ¿Le quitamos la patria potestad al Sr. B?

En fin, podría seguir escribiendo sobre el tema – por ejemplo, la inadmisión del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional daría por sí solo para un artículo muy interesante –, pero no quiero aburrir sobre un tema que ya goza de suficiente sobreexplotación mediática. En todo caso, me entristece mucho que la situación haya llegado hasta este extremo y en particular por los menores afectados.

abogado-emilio

Los ciegos y los sordos no podrán casarse sin autorización previa.

th

A partir del 30 de junio de 2017 entra en vigor la última reforma del Código civil, según la cual, las personas con deficiencia sensorial necesitarán un informe médico para poder contraer matrimonio.

Conforme a la regulación actual y vigente hasta esa fecha (artículo 56 del Código Civil), «si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas, se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento».

Con la nueva reforma, este mismo peritaje médico se exigirá también para los invidentes, las personas sordas o los que padezcan cualquier otro tipo de déficit sensorial, equiparándolas a los que padezcan anomalías o deficiencias psíquicas, dando a entender que no gozan de las capacidades necesarias para prestar su consentimiento matrimonial de forma válida.  Así, se requerirá el visto bueno de un médico como requisito previo e indispensable para contraer matrimonio.

Por mero sentido común, parece un despropósito que un invidente necesite una autorización médica para casarse, puesto que su deficiencia visual no afecta en nada a sus capacidades intelectivas y volitivas. Desconozco y no imagino cuál sería la intención del legislador al modificar ese precepto. Y más aún cuando el precepto estaba bien tal y como estaba. “Si algo no se ha roto…”. Además, claro, de que se podría vulnerar el principio de igualdad recogido en nuestra Constitución.

 

Informar sobre los alérgenos es OBLIGATORIO para los restaurantes.

lactosa

Cada vez hay más personas diagnosticadas con alguna alergia o intolerancia alimentaria, sobre todo, a la lactosa y al gluten. Y para estas personas es muchas veces un verdadero calvario salir a comer por miedo a tomar algo que les pueda sentar mal, sobre todo en vacaciones, si están fuera de casa.

Y es que muchos restaurantes y hoteles siguen incumpliendo de forma sistemática la normativa europea en materia de seguridad alimentaria que se traspuso a finales de 2014 al derecho español y que obliga, entre otras cosas, a informar de los alérgenos que pueden contener sus platos.

Se trata de un tema muy importante, ya que su incumplimiento puede derivar en problemas de salud para los consumidores (para los que puede estar incluso en juego su vida), como para los restaurantes, ya que, además de las multas con las que pueden ser castigados por no cumplir con su deber de información en la materia, serán responsables de las lesiones que sufran sus clientes por lo que hayan comido, responsabilidad que puede alcanzar la vía penal.

De esta forma, la información al comensal es algo absolutamente fundamental. Esta información debe ser “clara, visible y no estar escondida”. Se puede facilitar de forma oral por el personal del restaurante, pero, en este caso, se debe incluir algún tipo de aviso, indicando que esta será la forma en la que se va a informar de los alérgenos, por ejemplo, añadiendo una declaración al menú o con algún cartel informativo. También se puede informar al comensal por escrito mediante leyendas o símbolos en la carta (o teniendo una o varias “cartas especiales de alérgenos” a disposición de los consumidores) o incluso mediante modernos códigos QR. Pero, en definitiva, y sea de la forma que sea, ES OBLIGACIÓN DEL RESTAURANTE INFORMAR DE LOS ALÉRGENOS QUE CONTIENEN SUS PLATOS.

El incumplimiento de esta obligación o el incumplimiento parcial, facilitando información falsa o incompleta puede conllevar la imposición de una multa, además de la responsabilidad por las lesiones en la salud que haya sufrido el consumidor.

En definitiva, ante un incumplimiento, lo más conveniente es rellenar una hoja de reclamaciones (o llamar a la policía en el caso de que no dispongan de una, ya que esta es otra obligación) y, en el caso de haber sufrido alguna intoxicación conservar todos los informes y diagnósticos médicos de cara a una posible denuncia.

lactosa2

Los plazos en agosto.

Calendario-AGOSTO-2016-para-imprimir

Pronto comienza el mes de agosto y, a pesar de las antiguas declaraciones de algún ministro de justicia de nefasto recuerdo y muy ignorante en la materia, este mes no es inhábil por completo. La ley española señala al respecto que “Serán inhábiles los días del mes de Agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”.

 Las excepciones parecen, en cambio, la regla general dada cuenta del número que hay. Así, por ejemplo, en la jurisdicción civil, es hábil el mes de agosto cuando la demora hasta septiembre pueda ocasionar un perjuicio a los interesados, como por ejemplo, en casos de menores en peligro de desamparo.

En el ámbito penal es donde menos relevancia práctica tiene la regla general de que agosto es inhábil, ya que será hábil para todas las causas que se encuentren en fase de instrucción.  Hay que añadir las guardias penales que se celebran los 365 días del año y las 24 horas al día, por supuesto.

En la jurisdicción laboral también existen excepciones, como los plazos para interponer la papeleta de conciliación previa a la demanda de despido.

En vía administrativa, el mes de agosto es totalmente hábil, a excepción de los domingos y de los festivos. A partir de octubre de 2016, los sábados serán también inhábiles.

Existen muchas más excepciones, pero mi intención no es enumerarlas todas, sino dar a entender que agosto es inhábil… pero no mucho. Y con Lexnet, mucho menos.

 

abogado-emilio1

 

Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

diajusticiagratuita

Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 43.800 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

abogado-emilio1