Día de la Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

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Cada 12 de Julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, para defender y divulgar la labor realizada por más de 43.800 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

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Los sábados serán días inhábiles en los plazos administrativos.

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Desde el día 2 de octubre de 2016, cuando entre en vigor la 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los sábados dejarán de considerarse días hábiles en los plazos administrativos, tal y como ocurre con los plazos judiciales

Vayamos por partes. Existen los plazos administrativos y los plazos procesales (o judiciales). Los primeros rigen en la vía administrativa, en los trámites ante la Administración pública y en los procedimientos sancionadores administrativos (por ejemplo, el plazo de quince días para formular alegaciones frente a una multa de tráfico). Los segundos, en cambio, son los que se tienen en cuenta cuando existe un procedimiento judicial y va a resolver un juzgado (por ejemplo, el plazo de veinte días para contestar una demanda de divorcio).

En la vía administrativa, y hasta el 2 de octubre de este año, los sábados se contabilizaban como días hábiles de cara al cómputo de plazos. Así y a día de hoy, si le notifican una sanción administrativa (por ejemplo, una multa de tráfico) y tiene quince días para formular alegaciones, se entiende que son quince días hábiles, es decir, de lunes a sábado. En cambio, y a partir del 2 de octubre, los sábados dejarán de contabilizarse en todo tipo de plazos administrativos.

Esto en nada afecta a vía procesal o judicial, en los que sólo se cuenta para los plazos de lunes a viernes, excluyéndose, por supuesto, los festivos en ambas vías.

Otras novedades a destacar de esta ley es que se introduce el cómputo de los plazos por horas en cuanto a la administración electrónica (es decir, cuando se utilicen vías telemáticas) y la eliminación de las reclamaciones previas a las vías judiciales.

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Consejos para ganar un juicio.

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Por muchos juicios que se lleven a la espalda, la responsabilidad y el nerviosismo (esto no se quita nunca, por mucho tiempo que pase, aviso…y si lo hace, muy mala señal) pueden jugar en contra del letrado y, en consecuencia, de los intereses de nuestro cliente. Así, voy a dar una serie de consejos prácticos de forma muy breve para acudir con garantías a una vista.

En primer lugar, obviamente, debemos llevar preparado el asunto. Teniendo en cuenta los retrasos en los juzgados debido a la alarmante falta de medios de los que disponen, es muy normal que medie bastante tiempo desde nuestra demanda (o contestación, o escrito de acusación o defensa, etc) hasta que se celebre el juicio. Por ello, deberemos para empezar “refrescar” el asunto, dando un repaso al expediente y a los distintos escritos y actuaciones que se hayan practicado (como la audiencia previa, si se trata, por ejemplo de un procedimiento ordinario). A continuación, comenzaremos a preparar nuestra actuación enfocada al objetivo que queremos conseguir basándonos siempre en estos tres pilares legislación-doctrina-jurisprudencia.

Posteriormente, una vez estudiado (o re-estudiado) el asunto, una parte importante de nuestro trabajo como letrados es reunirnos con el cliente. Normalmente, ya sea un caso de divorcio, un despido, un tema penal, etc, lo más normal es que sea la primera vez que nuestro cliente se enfrente a la tesitura de intervenir en un juicio. Es importantísimo que le tranquilicemos, explicándole lo que va a ocurrir y dándole unas pautas básicas: hablar de Vd. a su Señoría, fiscal y demás intervinientes, llevar el DNI (esto es básico, porque si no lo llevan no van a poder entrar en sala), ir arreglados (no hace falta ir en traje, evidentemente, pero es siempre aconsejable acudir con cierta formalidad en el vestir, ya que la imagen que va a obtener de ellos el juez puede ser importante a la hora de valorar sus declaraciones) y, sobre todo, preparar su actuación. Esto es fundamental porque el nerviosismo puede jugar una mala pasada al cliente. Será fundamental hacerles entender cómo vamos a enfocar nuestra defensa (sin necesidad de entrar tampoco en cuestiones técnico-jurídicas) y detallarle las preguntas que les pueden hacer tanto nosotros como las otras partes, al menos en la medida de nuestras posibilidades. Repito: es muy importante tranquilizar a los clientes. Su confianza y tranquilidad es lo que puede inclinar la balanza hacia nuestro lado.

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Finalmente, también deberemos entrevistarnos con los testigos y peritos que hayamos propuesto, con en el mismo fin con el que hablamos con el cliente: evitar su intranquilidad, explicarles en qué va a consistir su actuación e informarles de las preguntas que les pueden hacer.

En cuanto al día del señalamiento, es aconsejable llegar con tiempo para recoger la toga y hablar (y tranquilizar nuevamente) con nuestro cliente y no confiarnos en el presumible retraso que puede llevar el juicio, ya que nos podríamos llevar una desagradable sorpresa.

Por último, y en particular sobre el informe oral o de conclusiones con el que acabará nuestra actuación como letrados, mi consejo es que llevemos un guión sencillo y muy básico. No hace falta estudiar ni aprenderse de memoria un largo discurso, aunque sí conviene ensayar, aunque sólo sea para medir los tiempos, ya que si nuestra intervención es excesivamente larga (si nos lo permite el juez, claro) podemos hacer perder la atención de su Señoría. Por supuesto, no es conveniente que nos limitemos a leerlo. Eso da muy mala imagen. Tengamos en cuenta que habiendo preparado el juicio convenientemente, no nos va a hacer falta leer, ya que vamos a tener meridianamente claros los puntos (o las ideas-fuerza, como las llaman los oradores) en los que apoyar nuestra argumentación sin necesidad de acudir al papel. No obstante, como digo, es conveniente acudir con ese guión para nuestra tranquilidad por si nos quedamos en blanco y, evidentemente, si tenemos que citar legislación o jurisprudencia, ya que es absurdo perder el tiempo en memorizar párrafos jurisprudenciales o números de sentencias.

En resumen, preparación, estudio y tranquilizar a los clientes. Con estas reglas básicas podremos afrontar con garantías nuestra actuación en el estrado.

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Más vale prevenir que curar.

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A un abogado le frustra casi tanto como al propio cliente no poder hacer su trabajo porque ya haya transcurrido el plazo para intervenir. En España existe una mentalidad que por suerte no sufren nuestros países vecinos de tener la idea de que el abogado nos va a cobrar mucho (en el mejor de los casos) o que directamente nos va engañar con su farragosa labia y su terminología confusa (en el peor).

En estos más de diez años que llevo de ejercicio ya me he encontrado con varios asuntos que tenían muchas posibilidades de prosperar pero en los que no he podido hacer nada porque ya nos encontrábamos fuera de plazo. Tanto en los procedimientos administrativos (multas de tráfico, reclamaciones a los Ayuntamientos, requerimientos…) como en los judiciales (los que se tramitan en un juzgado) existen unos plazos que son preclusivos, esto es, si transcurren, NO HAY NADA QUE HACER. Y esto, como ya digo, frustra mucho también al letrado que conoce (tarde) el asunto.

Por eso, más vale que si queréis reclamar algo u os llega algún requerimiento, contactéis cuanto antes con un abogado. Y no vale hablar con el sobrinito que está estudiando derecho ni con el hijo de la Manoli, que es “abogado” (pero trabaja en un banco y no ejerce). HAY QUE CONTACTAR CON UN ABOGADO COLEGIADO EJERCIENTE. No os va a cobrar mucho (de hecho, algunos como el que os escribe, no cobra la primera consulta si es meramente orientativa). MÁS VALE PAGAR A UN ABOGADO 5 PARA COBRAR LUEGO 50, QUE NO PAGARLE NADA Y QUEDARSE SIN ESOS 50, ¿NO CRÉEIS? A un médico se le paga la consulta. ¿O vais a acudir a que os mire ese bultito que os ha salido al hijo de la vecina que está estudiando medicina y si os dice que todo va bien, ya no vais a hacer nada más?

Y en cuanto a que el abogado os pueda engañar, bueno, desde luego, en un procedimiento judicial, VUESTRO ABOGADO VA A SER VUESTRO ÚNICO AMIGO. No lo va a ser el fiscal (cuando intervenga), ni el juez, ni, por supuesto, el abogado contrario.

En definitiva, cuando tengáis que reclamar algo u os lo reclamen a vosotros, contactad con un abogado y, cuanto antes, mejor.

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Obligaciones para autónomos y empresas para cumplir con la LOPD (protección de datos)

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La protección de datos es un tema que parece estar cada vez más de actualidad: cláusulas y coletillas en los correos electrónicos y páginas web, carteles avisando de que se está grabando, contratos de confidencialidad, el famoso “derecho al olvido”, cookies, formularios, denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos por parte de trabajadores despedidos y clientes descontentos, inminentes cambios de legislación a nivel europeo…

Así, todas las empresas y autónomos que ejerzan algún tipo de actividad en España tienen unas obligaciones relativas a la protección de datos de carácter personal. Todos. Desde el humilde autónomo hasta la multinacional que os imaginéis. Es decir, las empresas y autónomos tienen que proteger los datos que manejen de personas físicas (no de personas jurídicas, estas no se encuentran amparadas por la normativa reguladora de la protección de datos). Todas estas obligaciones se encuentran, fundamentalmente, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento que desarrolla la misma y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Y hay que recordar que la eficacia de las leyes está en proporción a las consecuencias de su incumplimiento. Las sanciones van desde un mero apercibimiento (una especia de “más vale que sea la última vez”) hasta 600.000 euros de multa. Es decir, más vale ponerse las pilas en este tema.

Muy básicamente, las obligaciones de los autónomos y empresas son las cinco siguientes:

  • Dar de alta los ficheros que utilicen y que contengan datos de carácter personal ante el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos. Esta es, seguramente, la obligación más sencilla de cumplir, pero que aún así y según mi experiencia se suele hacer de manera bastante chapucera y poco profesional.
  • Tener un documento de seguridad. Se trata de un documento que identifica la empresa (o autónomo), los datos que maneja, la forma en que se tratan, especifica las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que se deben implementar para proteger esos datos y los procedimientos de actuación. En definitiva, podríamos definir este documento como la “Biblia” que debe tener cada empresa en materia de protección de datos.
  • Informar y obtener el consentimiento de las personas de las que se conservan datos de carácter personal. En función del tipo de datos, el consentimiento se podrá otorgar de una forma u otra.
  • Facilitar a los empleados de la empresa una formación mínima en este tema.
  • Realizar una auditoria cada dos años, dependiendo del tipo de empresa y de datos que se manejen.

Aún cuando la protección de datos es un tema cada vez más conocido por los profesionales, el grado de incumplimiento de la normativa es todavía bastante elevado, con el riesgo, como hemos visto, que ello conlleva. Como cada empresa es distinta, merece la pena que un profesional en la materia os haga un estudio en profundidad a fin de que adecuéis vuestra actividad a esta normativa y no os veáis en riesgo de incumplimiento. Si tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo sin compromiso a través del apartado contacto de esta página.

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Registro de morosos, protección de datos y derecho al honor.

Desde hace unos años está muy presente entre la población la posibilidad de que se les inscriba en un registro de morosos (como BADEXCUG o ASNEF-EQUIFAX). Este artículo pretende solventar dudas sobre si son legales y los requisitos para esta inscripción.

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Con el título “Prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito“, los dos primeros apartados del artículo 29 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establecen:

«1. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito sólo podrán tratar datos de carácter personal obtenidos de los registros y las fuentes accesibles al público establecidos al efecto o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

2. Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley

Es decir, y para no ser farragoso, la LOPD permite la existencia de:

a)      Ficheros positivos, en los que se recoja información sobre la solvencia patrimonial de los ciudadanos (si tienen bienes, por ejemplo), exigiéndose que se acuda a registros públicos (como el Registro de la Propiedad) y fuentes accesibles al público o a informaciones facilitadas por el propio interesado o con su consentimiento (29.1 LOPD) y

b)      Ficheros negativos, relativos a incumplimientos de obligaciones (por ejemplo, tener una deuda con la compañía telefónica) y compuestos por datos facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés (29.2 LOPD).

La Instrucción 1/1995 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) exige una serie de requisitos para que se incluya a una persona en un registro de morosos:

a)      Que exista una deuda cierta

b)      Que la deuda esté vencida

c)      Que sea ya exigible

d)     Y que, evidentemente, se encuentre impagada.

La falta de cualquiera de estos requisitos impide la inscripción de una persona en uno de estos registros.

Pero el Tribunal Supremo (TS) ha matizado estos requisitos, indicando que se puede producir una violación del derecho al honor de la persona si no se realiza la inscripción en el registro de morosos de una forma adecuada.

A este respecto, el TS declaró que «la inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos […] Por tanto, esta Sala estima que acudir a este método de presión representa en el caso que nos ocupa una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la recurrente, por el desvalor social que actualmente comporta estar incluida en un registro de morosos y aparecer ante la multitud de asociados de estos registros como morosa sin serlo, que hace desmerecer el honor al afectar directamente a la capacidad económica y al prestigio personal de cualquier ciudadano entendiendo que tal actuación es abusiva y desproporcionada, apreciándose en consecuencia la infracción denunciada.».

En virtud de lo anterior, el TS matiza que «la deuda debe ser además de vencida y exigible, CIERTA, es decir, inequívoca, indudable, siendo necesario además el previo requerimiento de pago; por tanto no cabe inclusión de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio, bastando para ello que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza».

Esto es, además de los requisitos que la Instrucción de la AEPD exige (deuda cierta, vencida, exigible e impagada), el Tribunal Supremo requiere que la deuda sea CIERTA Y NO CONTROVERTIDA, es decir, que no haya duda alguna sobre su existencia. En consecuencia, y a tenor de una sentencia recientísima de nuestro TS, si no existe sentencia firme que indique la realidad de esa deuda, no se podría inscribir la misma en un registro de morosos. No basta, así, con que se haga una reclamación de la misma para que se inscriba la deuda en el ASNEF, sino que debe haber quedado claro que dicha deuda es inequívoca.

Por ejemplo, si una compañía telefónica reclama una deuda a un particular mandándole un burofax y advirtiéndole que va a incluirlo en un registro de morosos, a pesar de ello, no puede incluirlo en el mismo hasta tanto no se haya dictado una sentencia firme (en la que no quepa posterior recurso) que condene a dicho particular al pago de lo reclamado.

Evidentemente, esta inclusión ilegítima tendrá unas consecuencias indemnizatorias para el acreedor que inscribe indebidamente a un particular en estos registros.

Como declara otra sentencia del TS, la inclusión indebida de datos de personas físicas en un fichero de solvencia patrimonial constituye una intromisión en el honor de estas, no en la intimidad. La publicación de la morosidad de una persona incide negativamente en su buen nombre, prestigio o reputación, en su dignidad personal en suma.

La inclusión indebida en el registro de morosos supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena, pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas.

El TS declaró que la inclusión de una persona, ciudadano particular o profesionalmente comerciante, en este tipo de registros afecta directamente a su dignidad, interna o subjetivamente, e igualmente le alcanza, externa u objetivamente, en la consideración de los demás, ya que se trata de un imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno, y menoscaba su fama, como aspecto externo. Y es intrascendente que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido, y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública. Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor.

Es decir, la mera inscripción incorrecta genera el derecho a ser indemnizado por daño moral al vulnerarse el derecho al honor. Pero, si además, esa inscripción provoca alguna consecuencia (por ejemplo, la denegación de un préstamo), a la indemnización anterior hay que sumarle el perjuicio económico que provoca esa consecuencia.

Para que no haya dudas, y tomando los datos de esta reciente sentencia de nuestro TS, insisto:

–          la mera inclusión en el registro hace nacer el derecho a ser indemnizado por daño moral en la cuantía de 6.000 euros.

–          Si además se consulta ese registro y se deniega un crédito, además de por esos 6.000 euros, deberá ser indemnizado el incorrectamente inscrito en la cuantía que alcance el préstamo que solicitó. Si pidió un préstamo de 10.000 euros y se le denegó por este motivo, deberá ser indemnizado por 6.000 euros más 10.000 euros (total 16.000 euros).

Espero que esta entrada haya aclarado las dudas que suele haber sobre esta materia.

¿Cómo afectan las cookies a nuestra privacidad en Internet?

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Las cookies. Es una palabra que “suena” mucho cuando navegamos por Internet, pero ¿en qué consisten exactamente?

La cookie es un fichero que se deposita en su equipo, y cuyo objetivo es simplificar la navegación, mostrando publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de los hábitos de navegación. Son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a través de Internet y que, en particular, contienen un número que permite identificar unívocamente el ordenador del usuario, aunque éste cambie de localización o de dirección IP.

Por ejemplo, si en la página web de una famosa tienda online buscamos libros de un autor, esta información quedará almacenada para sugerirnos en el futuro libros de dicho autor.

Con cierto retraso –aunque ya estaba previsto desde que se publicó la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en 2002–, se han regulado en España las condiciones en que pueden operar estas cookies, trasponiendo un dictamen de la Unión Europea. En particular, la Agencia Española de Protección de Datos ha elaborado una guía sobre el uso de las cookies, que paso a resumir muy brevemente.

Así, en primer lugar, se debe informar de la finalidad de las cookies. La Guía especifica un sistema de información “por capas” que consiste en mostrar la información esencial en una primera capa, cuando se accede a la página o aplicación, y completarla en una segunda capa mediante una página en la que se ofrezca información adicional sobre las cookies. Esta primera información debe aparecer de forma visible y clara en la página web, de forma que el usuario sea consciente de esta información cuando accede a la página en cuestión. En esa llamada “segunda capa” se dará una información más detallada y exhaustiva sobre las cookies.

Como segunda gran obligación en esta materia, es fundamental contar con el consentimiento del usuario para la instalación de estas cookies. También se debe explicar la manera de impedir la instalación de las mismas en el disco duro del ordenador, accediendo a las opciones del navegador que estemos utilizando.

En resumidas cuentas, se intenta proteger con estas obligaciones la privacidad del individuo cuando navega por Internet, dando la posibilidad de que no quede rastro (o el menor posible) cuando visita páginas web.

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